La denuncia penal que presentaron integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y miembros del sector privado en contra de diputados locales por un presunto desvío de 140 millones de pesos, tiene más visos de fijar un antecedente que de buscar justicia, ya que lo hicieron cuando los señalados estaban a punto de emprender el vuelo.

La LXIV Legislatura local concluye mañana su período, por lo que pese a la acusación no hubo respuesta alguna, lo que no significa que sean responsables o que estén libres de culpa, ya que llegado el caso un juez tendría que definir si existen elementos para seguir adelante, sin embargo debe considerarse que los hechos atribuidos ocurrieron entre 2018 y 2019, por lo que habría que precisar si fueron en la LXIII o LXIV Legislatura, puesto que la primera concluyó en el 19 y la actual en el 21.

De cualquier manera, los demandantes atrajeron los reflectores porque no todos los días se presenta una imputación de esa naturaleza, sin embargo también hubo comentarios de cuál fue la razón para que retrasaran la divulgación, a sabiendas que los legisladores tenían un pie en el estribo, por lo que de haber alguna responsabilidad podrían ser llamados a cuentas, pero esto está por verse, porque lo más seguro es que se aplique la máxima “tapaos los unos a los otros”, teniéndose en cuenta que los diputados que terminan pertenecen al mismo partido de los que van a relevarlos, de manera que al menos a nivel del Congreso no habrá quien mueva las aguas, por consiguiente la última palabra la tendría la autoridad judicial.

El pasado 7 de septiembre se dio a conocer la “noticia” con la que después de largo tiempo de silencio dio señales de vida el Comité de Participación Ciudadana, adscrito al Sistema Estatal Anticorrupción, que dicho sea de paso ha tenido una labor entre gris y opaca. En la denuncia afirman que se hicieron pagos de servicios administrativos y legislativos, “incluso en empresas fantasmas”, consigna la nota de El Heraldo.

El asunto se presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Fiscalía General de la República, asegurándose que se destinó el 70% del presupuesto anual al pago de servicios a empresas que debe investigarse si existen, porque cabe la posibilidad que sean las mismas que son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Para soportar su acusación se basan en los artículos 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 4° de la Ley General de Víctimas, con la finalidad que durante el litigio se tenga a los ciudadanos como víctimas del delito y coadyuvantes de la investigación.

Como se estila en estos casos, los quejosos señalaron que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en espera de que las autoridades apliquen la ley y si es el caso se castigue a quien haya cometido uno o más delitos en el manejo de los recursos públicos, en el entendido que la rendición de cuentas debe ser permanente y clara.

CUMPLIÓ SU CICLO

Se dice que en este mundo sólo Dios es imperecedero, por lo tanto gran parte de lo que existe puede ser cambiado, modificado o eliminado, es el caso de las juntas federal y estatal de Conciliación y Arbitraje que desaparecerán para dar paso a órganos anexados a los poderes Judicial de la Federación y de los estados.

A partir del 1° de octubre se iniciará la nueva justicia laboral, que regirá las relaciones obrero-patronales y que se espera sea de mayor agilidad en la atención y respuesta de los asuntos en trámite para beneficio de ambas partes, ya que se buscará, por encima de todo, acabar con el “coyotaje” y el tortuguismo que practicaban algunos litigantes para tratar de obtener mayor provecho de las sentencias.

Es importante destacar que en el caso de la Junta de Conciliación de Aguascalientes (JLCA) enfrentó pocas denuncias en una muestra de que hubo eficiencia y la mayor parte de las quejas provenían de los patrones, que exigían agilizar los casos ya que entre más aplazados fueran, mayor sería el costo que debían pagar, pero no se podía imponer la ley a rajatabla, por lo que tenían que esperar los lapsos previstos y que en ocasiones eran largos porque el defensor del trabajador hacía lo máximo por tal de que fuera más el tiempo, ya que de lo que cobrara el demandante el recibía un porcentaje.

También se tropezó con los obreros “saltarines”, cuya única misión era ser contratados por un tiempo y luego buscaban el “despido injustificado”, con lo que obtenían importantes sumas, lo que llevó a que se propusiera hacer una lista negra para acabar con esta situación, idea que no logró cristalizar y en lo cual no podía hacer nada la autoridad laboral porque era un asunto que competía sólo al empresario y el empleado.

El compromiso de las autoridades es que bajo el nuevo sistema ningún juicio laboral excederá los 8 meses, por lo que en primera instancia se resolverán en los Centros de Conciliación y si no se lograra un acuerdo entre las partes se iniciará un juicio en un tribunal laboral. El nuevo proceso resolutivo contempla dos etapas: la prejudicial y la judicial. En la prejudicial se buscará resolver la demanda mediante el diálogo y tendrá un plazo máximo de 45 días, en caso de no haber un arreglo se entregará una constancia de no conciliación, con lo que se podrá iniciar el juicio en un tribunal laboral, juicio que no deberá exceder de 6 meses, y la solución final no deberá ir más allá de 8 meses, considerando ambas etapas.

El cálculo que hacen especialistas es que los conflictos entre el trabajador y el empresario se resuelvan en un 60% por la vía de la conciliación, con lo que se evitará que lleguen a los tribunales, mismos que estarán sujetos a una vigilancia permanente por los poderes judiciales respectivos.

Es importante destacar que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje seguirán funcionando aún después de que entre en operación el nuevo sistema y esto se debe a que atenderán los casos que están en proceso hasta su conclusión, por lo que los nuevos asuntos que se presenten a partir del 1 de octubre los asumirá el sistema que entra en vigencia en esa fecha.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante un boletín destaca que la justicia laboral para los trabajadores del país será más rápida y eficaz y será más breve su trámite, al pasar de un promedio de cuatro años a 8 meses aproximadamente para obtener una sentencia definitiva, lo que es favorable para el trabajador al reducir prácticas dilatorias y de corrupción en el procedimiento jurisdiccional.

ACABÓ LA SEDUCCIÓN

La tecnología se ha encargado de eliminar el gusto que tenían los aficionados a diversos deportes, de ser testigos en actos no previstos por las reglas pero que eran comunes, como por ejemplo en el beisbol había managers que discutían acaloradamente una jugada y que por lo general terminaban dándose empujones con la barriga y que el manager echara tierra a los zapatos del juez, actitud que llevaba a la expulsión del juego. Pues eso se acabó, al menos en el beisbol profesional, ya que ahora cualquier jugada se consulta con un centro de mando que se encarga de decidir lo conducente. También se terminó la costumbre que el pitcher se enfrente a un bateador de poder, ya que en lugar de buscar dominarlo ponchándolo o exponerse a que le den de hit, se otorga la base intencional.

En el futbol ocurre algo similar, porque en cualquier resolución dudosa, el árbitro ya no decide de acuerdo con sus conocimientos o criterio, sino que todo se lo deja al famoso VAR, cuyo monitoreo está a cargo de tres personas y que le muestran al juez la jugada para que defina lo que crea conveniente.

El más reciente episodio fue en el tenis, durante el Abierto de Estados Unidos, donde ya no hubo jueces de línea ya que todas las jugadas se decidieron mediante un sistema computarizado, incluso con el o la juez principal, o juez de silla como se conoce, su labor no fue marcar las jugadas, sino vigilar que los jugadores respeten las reglas y que el público se comporte como mandan las normas en este deporte. La presencia de los jueces de línea le daba un sabor muy especial y más cuando había una discusión con algún jugador, como la que escenificó el serbio Novak Djokovic el 6 de septiembre de 2020 que lo llevó a la expulsión del torneo. Pues todo esto ya es historia y algún día se hablará de ello como algo primitivo.