Jesús Eduardo Martín Jáuregui

El jueves de la semana pasada, de manera un tanto intempestiva, el Presidente de la Comisión para investigar los hechos que culminaron con la desaparición y presunta muerte de más de cuarenta estudiantes de la normal de Ayotzinapa, presentó el informe, resultado de varios años de trabajo. Al día siguiente, apenas poco más de veinticuatro horas después, agentes de la Fiscalía General de la República, acompañados de un cardumen de marinos (seguramente de agua pasteurizada, ¿quién sabe que anden haciendo en CDMX?), se presentaron en el domicilio del ex-procurador general de justicia de la nación, Jesús Murillo Karam y procedieron a cumplimentar una orden de aprehensión dictada por un juez de control, como presunto responsable de delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura. El Lic. Murillo Karam con toda serenidad salió de su casa y se entregó a los “captores”, ¡Es penoso! Dijo uno de ellos, “Es político” contestó él.

El asunto podría ser el punto final prometido por Andrés Manuel López Obrador, si no fuera porque deja abiertas las mismas interrogantes que los hechos suscitaron, con la diferencia de que ahora el gobierno acepta la muerte y la imposibilidad de que alguno de los estudiantes siga vivo y se montó un auto de fé, en que el condenado al fuego como chivo expiatorio es el ex-procurador y el inquisidor supremo es el sub-secretario Alejandro Encinas, (de los lacayos favoritos del Sumo Pontífice de la 4T).

Merece la pena señalar algunos hechos que provocan algunas suspicacias.

1.- Constitucionalmente el monopolio de la acción penal la tiene la institución del Ministerio Público.

2.- La Fiscalía General de la República que encarna la institución del Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, con objeto de preservarla de presiones de carácter político, partidario o sectario.

3.- La designación de una “comisión de la verdad”, de entrada contraviene la función constitucional de la Fiscalía, encargando sin fundamento legal a un organismo espurio la delicada tarea de la investigación de crímenes.

4.- La integración de la “comisión de la verdad” es la creación de un verdadero Frankestein, los integrantes de base son el subsecretario de Gobernación y un funcionario de esa Secretaría, el Secretario de Relaciones Exteriores y un funcionario de esa Secretaría, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y un funcionario de esa Secretaría, algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil y algunos peritos orgánicos, no entre ellos el Grupo de Expertos Independientes, que se ha negado a avalar el informe por no haberlo conocido antes de su presentación.

5.- De la integración se infiere que no sólo se investigaría la desaparición y presunta muerte, sino además su legal estancia en el país, si tenían visa o pasaporte y por añadidura ¿cuál era su situación fiscal? Y si se encontraban al corriente en el pago de sus contribuciones.

6.- En la presentación del informe, redactado en términos periodísticos más que técnicos, se habla por ejemplo de “ejecuciones”, “levantones”, etc., y el presidente de la Comisión concluye que se trató de un “Crimen de estado” (sic). Concepto por cierto que no recoge la legislación penal y que tiene una connotación más política que jurídica, que implica la concertación previa para el asesinato, secuestro o “desaparición” de uno o varios individuos que por su comportamiento constituyan un riesgo para el gobierno o para el gobernante.

7.- El caso de los asesinados de Ayotzinapa puede ser artero, terrible, condenable, execrable, pero no un “crimen de estado”, como quizá sí lo fuera el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

8.- El ex-procurador, al presentar las conclusiones de la investigación que realizara, sostuvo, empleando una figura usual en la jerga judicial, que se trataba de la “verdad histórica” corroborada por las inspecciones, declaraciones, muestras levantadas en sitio, testimonios, periciales, etc..

9.- Antes, cuando la Procuraduría Federal atrajo el caso Murillo Karam declaró que los responsables de la investigación serían él y otro funcionario. Esta declaración la interpreta López Obrador como “autoimplicación”.

10.- El presidente de la Comisión sostuvo que la investigación echa por tierra la “verdad histórica” y que ésta fue concertada y redactada en una reunión de un poco más de una veintena de funcionarios, encabezada por el ex-procurador para exculpar a algunos actores de los atroces hechos.

11.- Con independencia de que varios de los señalados ya se han deslindado de la acusación, no es creíble la versión. Nadie fraguaría un “complot” en una reunión numerosa con el evidente riesgo de que se filtrara. Curiosamente ese “hecho” se “conoce” ocho años después y no se apuntala con elementos de convicción.

12.- En el propio informe se incorpora un cuadro comparativo entre la llamada “verdad histórica” y los resultados del informe, que luego de analizarlos, esencialmente son iguales. Los estudiantes secuestraron camiones, fueron perseguidos por las policías municipales que los entregaron a integrantes del grupo criminal “Guerreros unidos”, los secuestraron y finalmente los asesinaron, algunos en el basurero de Cocula. No se concluye en la identificación de culpables de los homicidios, pero sí la culpa del “investigador” que creó la “verdad histórica”.

13.- El informe señala que se encontraron más de 250 restos humanos en fosas clandestinas y lugares cercanos al basurero, pero que una vez analizados los de sus familiares ninguno correspondió al ADN de los estudiantes desaparecidos.

14.- El presidente de la Comisión informó que solicitarían órdenes de aprehensión contra una ochentena de personas involucradas como presuntos responsables de los delitos en contra de los estudiantes de Ayotzinapa.

15.- Curiosamente, apenas veinticuatro horas después, la Fiscalía analizó el informe, hizo suya la investigación, solicitó las órdenes de aprensión, judicializó la carpeta de investigación, el juez de control leyó todo el informe y la carpeta completa y obsequió la orden de aprehensión contra el licenciado Murillo Karam, no así contra el resto de los complotados, y se procedió a la captura. Una eficiencia y una diligencia poco creíble.

Todo el sainete corresponde puntualmente a las predilecciones de López Obrador, golpes “espectaculares”, montajes distractores, empleo de los recursos estatales para lograr sus objetivos personales, utilización de los medios para el linchamiento de sus “adversarios”, utilización de la tribuna mañanera para difamar, mentir, calumniar. Una telenovela de las que gusta de producir el consejero presidencial Epidemio Ibarra.

Difícilmente la acusación podrá sostenerse, salvo por la presión del presidente de la República. Será otra promesa incumplida por incumplible, los familiares de los estudiantes volverán a sentirse defraudados, algunos “defensores” seguirán medrando de lo que ha resultado un caso productivo, los “chivos expiatorios” funcionaran como distractores por un tiempo hasta que las instancias judiciales terminen por liberarlos cuando ya no sean útiles y se creen nuevas cortinas de humo, el “mesías tropical” seguirá autoproclamándose héroe y paladín de las causas de los oprimidos y enemigo perpetuo de los neoliberales, conservadores, clase medieros aspiracionistas, causantes de todos los males del país y algunos más.

“Quousque tandem abutere, Andrés Manuel, patientia nostra?”

 

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