Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Van para nueve años de los terribles sucesos de Ayotzinapa, Guerrero, en que desaparecieron lamentablemente 43 normalistas de la Normal Rural. Las indagatorias trascendieron la competencia de los gobiernos Municipal y Estatal y tomó conocimiento la Procuraduría General de la República, de la que estaba al frente el licenciado Jesús Murillo Karam, quien había sido gobernador del estado de Hidalgo. Murillo Karam tenía fama de abogado competente y político sagaz.  El asunto escaló primero de una desaparición forzada, ya de por sí grave, a un asunto de seguridad nacional, porque tenía implicaciones por la presunta participación de dos grupos de traficantes de drogas, que se disputaban el control de la región. En las investigaciones resultaban implicadas no sólo la policía municipal, sino  las fuerzas armadas acantonadas en la región.

Los jóvenes estudiantes participarían en una reunión de protesta en la Ciudad de México y, como suele suceder, para trasladarse secuestraron camiones. El secuestro de vehículos no era novedad, y hasta la fecha lo siguen practicando sin graves resultados, ya que por regla general la policía prefiere no intervenir, muy seguramente ello sucede porque tienen instrucciones de no hacerlo. Al parecer uno de los camiones secuestrados transportaba droga, lo que tampoco resultó novedoso y todavía sigue siendo medio de trasiego de estupefacientes. El rescate del camión fue una acción de los grupos delincuenciales afectados y según se presume contaron con la colaboración, lo que no es extraño, de los cuerpos militares que, es sabido, protegen, solapan, participan en acciones de la delincuencia organizada. La participación de los estudiantes complicó el proceso de rescate. Implicaba una privación de la libertad de los normalistas. El punto se salió de control, según todo indica, se tomó la decisión de asesinar a los estudiantes y luego desaparecer sus cadáveres.

Murillo Karam dio a conocer las investigaciones y sustancialmente el resultado al que de manera infortunada llamó la verdad histórica, concluía en la muerte y desaparición de los cuerpos de los jóvenes normalistas.

La investigación dejaba fuera de responsabilidad a los cuerpos militares, aunque señalaba la probable participación de las policías, el posible contubernio con los grupos criminales y el conocimiento de las autoridades municipales y estatales. La verdad histórica fue cuestionada no sólo por los familiares de los estudiantes sino también por grupos defensores de Derechos Humanos y por grupos políticos de la autollamada izquierda que, insistía en la participación del ejército, que  había ocultado comunicaciones e información. Se afirmaba también que grupos de militares habrían  llevado a un cuartel a una fracción  de los estudiantes. En suma, la investigación no satisfizo a nadie.

La presión obligó al gobierno a conformar un grupo de expertos criminalistas extranjeros, que estarían dotados de las más amplias facultades de investigación para allegarse lo necesario, a efecto de lograr conocer la verdad de los hechos y determinar la participación y responsabilidad de los diferentes grupos tanto delincuenciales como militares o policíacos. La investigación del grupo de expertos independientes al parecer arrancó con buenos auspicios, sin embargo se encontraron obstáculos que difícilmente podían salvar sin contar con el apoyo decidido de las autoridad. Fundamentalmente la información en manos del ejército se encontraba restringida.

Una de las promesas, como la mayoría de las promesas de campaña del presidente López Obrador, que sigue sin cumplirse, fue la que se resolvería y se encontrarían a los jóvenes desaparecidos, cumpliendo con el lema de sus familiares “vivos se los llevaron vivos los queremos”. El presidente pronto encontró a un chivo expiatorio y se detuvo a Jesús Murillo Karam acusado de tortura, alteración de la zona del crimen y ocultamiento de la información. Tomás Cerón, uno de los jefes investigadores, huyó del país y se refugió en Israel, dónde hasta la fecha se encuentra, amparado en que no existe tratado de extradición con ese país. Luego nombró a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, como responsable de la investigación de los 43 desaparecidos.

Después de cuatro años Encinas presentó un informe que dejó menos satisfechos a los interesados que el de Murillo Karam. Algunos de los presuntos responsables como el presidente municipal y su esposa, por cierto partidarios de Morena y amigos personales de López Obrador, han sido liberados y se detuvieron a una decena de militares acusados de faltas menores en relación con la investigación del secuestro y desaparición.

Obstaculiza su investigación para llegar a la verdad. El Grupo de Expertos Independientes decidió abandonar la tarea dando a conocer los motivos, entre los que destacaban de manera importante la falta de cooperación por parte del ejército, el ocultamiento de la información, la falta de apoyo del gobierno y en muchos casos la hostilidad para su trabajo. El presidente por supuesto los descalificó.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos no han quitado el dedo del renglón, insisten en la que la participación del ejército fue determinante,  en que se han ocultado o desaparecido datos, grabaciones, comunicados, que ayudarían a clarificar la responsabilidad de autoridades civiles y militares en la desaparición y muerte de los estudiantes. Su exigencia para con el presidente se sustenta en la promesa de campaña que sigue sin cumplir.

Después de larga insistencia fueron recibidos por el presidente en una reunión que calificaron de tensa y ríspida en la que el presidente no fue receptivo, que terminó sin avances. Días después la novata e inepta Secretaría de Gobernación se reunió con los padres de los desaparecidos por espacio de tres horas. El resultado fue más infructuoso que el de la reunión con el presidente.

El día de ayer, en su streaming matinal, por cierto según encuestas el más visto de la República, el presidente dio a conocer la verdad histérica: no fue el estado, no fue el ejército, no importa encontrar responsables sino encontrar a los desaparecidos, el ejército no oculta información, los familiares y en particular su abogado exageran, mal entienden y malinterpretan los datos, el gobierno ya cumplió con su compromiso.

Como en la inmensa mayoría de sus compromisos incumplidos de campaña, López Obrador se victimiza, proclama su moral y su pureza, su dicho es verdad porque lo dice él, él no es como los otros, nadie puede cuestionar su buena voluntad y buena intención y el ejército está por encima de cualquier cuestionamiento. Ni el Grupo de Expertos Independientes, ni los Comités de Búsqueda de Desaparecidos, ni los organismos defensores de Derechos Humanos, ni los padres de las víctimas pueden cuestionar su verdad. López Obrador es la verdad.

De la verdad histórica a la verdad histérica.

bullidero.blogspot.com                 facebook jemartinj                   X @jemartinj