Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(68 Y MAS.- A QUIEN CORRESPONDA.- No están ustedes, amable lector, lectora o lectores y lectoras, para revelaciones, pero sepánse que según datos que obran en el Registro Civil de esta ciudad, ante el oficial Gustavo González se levantó el acta en que consta el nacimiento del suscrito que habla y que, como era la práctica, se asentó que nací vivo y a la fecha trato de seguir así. Como hasta ahora no he tenido noticia de haber sido censado para efectos de la pensión vitalicia, lo revelo con todo y pena para sus efectos legales. Conste.)

La magia es un componente de la vida humana. Tanto el hombre primitivo como el hombre contemporáneo rigen su vida por  un sistema de creencias que, aunque nos parezcan racionales tienen mucho de componentes mágicos. La magia tiene la pretensión de, mediante signos o ritos transformar la realidad, ya sea dibujar en la pared de una caverna un ciervo asaetado, o realizar un algoritmo en la computadora para acertar a los pronósticos deportivos. Ambos son comportamientos mágicos, también lo es el pensar que una modificación legal bastará para transformar una realidad. La ley no es mágica pero el pensamiento mágico le atribuye poderes sobrenaturales para transformar la realidad mágicamente.

Ayer se anunció que en lo general la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al artículo 19 constitucional que consisten, entre otras, en incorporar nuevas figuras delictuosas como delitos graves y como consecuencia que la comisión de esas conductas no permitan que puedan obtener libertad bajo fianza los acusados y tengan que someterse a su proceso penal en prisión. La mala técnica legislativa empleada en el llamado nuevo sistema de justicia, hizo que en lugar de establecer en la Constitución una fórmula abstracta para determinar qué comportamientos serían delitos graves, se optara por la casuística, enumerando de uno por uno los que se consideren graves. Esto implica que el procedimiento para catalogar un delito como grave, requiera una mayoría calificada de las cámaras y luego la aprobación de la mayoría simple de las legislaturas de los estados, lo que lo hace un procedimiento mas complejo y tardado que si simplemente el legislador hubiera aprobado una fórmula, o bien haber optado por reservarlo para él o los Códigos Penales.

Recordemos cómo operaba el sistema anterior. Había delitos que por su gravedad el constituyente consideró que el acusado debería estar sometido a prisión mientras se le sometía a juicio. De alguna manera significaba el quebrantar el principio de presunción de inocencia, pero se justificaba por tratarse de un presunto delincuente potencialmente peligroso y de esa manera se lograba que no se sustrajese a la acción de la justicia. Para no caer en el casuismo, que nunca es deseable la Constitución tenía una fórmula, pero antes de referirme a ella, viene a propósito del casuísmo una anécdota. Siendo presidente interino de la república Don Valentín Gómez Farías, expidió un decreto por el que se expulsaba del país a fulano, mengano, sutano y perengano, y agregaba “a los demás que se encuentren en el mismo caso”. Todos tenían en común ser extranjeros, pero la gente burlescamente comenzó a llamar a aquel decreto la “Ley del caso”.

La Constitución señalaba que cuando el término medio aritmético de la pena aplicable a un delito excediese de 5 años el acusado no tendría derecho a fianza. Pongo un ejemplo: el Código Penal Federal señalaba, palabras mas, palabras menos lo siguiente: “Al responsable del delito de homicidio se le aplicará una pena de 8 a 12 años de prisión”. Ocho era la pena mínima y la máxima doce, lo tanto para obtener el término medio aritmético se sumaban ambas y se dividían entre dos, lo que nos daba como cociente 10. El término medio excedía de 5 por lo tanto no alcanzaba fianza. El ejemplo contrario el delito de imprudencia se castigaba de 3 días a 7 años, dependiendo de la gravedad de la imprudencia, el término medio aritmético de la pena era 3 años 184 días, por lo tanto los delitos de imprudencia siempre alcanzarían el beneficio de ser juzgados en libertad bajo fianza. Sencillo ¿no?. ¡Ah! Pero para complicarlo allí estaban los penalistas. Mi maestro de Derecho Penal Don Fernando Castellanos Tena, ministro de la Suprema Corte de Justicia decía: “Yo nunca seré penalista porque a mi me gustan las cosas claras y a los penalistas les gusta enredarlas”.

La realidad nos ha mostrado que la magnitud de las penas no tiene un efecto real en la disminución de la incidencia delictuosa. El delincuente no suele hacer cuentas porque en principio su comportamiento se planea y ejecuta bajo el supuesto de que no será detenido. En los países en que persiste la pena de muerte ha quedado claro que no es disuasiva y a lo sumo cumple un papel de satisfacción de la venganza. Mágicamente se piensa que, establecido el robo de combustible como delito grave, se podrá combatir el delito con mayor efectividad. Señores legisladores, les tengo noticias, para investigar, consignar, procesar y sentenciar a un delincuente hace falta mucho mas que determinar si alcanza fianza o no, y para que el comportamiento delictuoso desaparezca no basta que se castigue a los delincuentes, por mas severo que el castigo sea. La cuestión no es mágica.

(REQUIEM POR UN POLICÍA.- Hay niños que sueñan con ser policías y hay policías que siguen soñando. Soñando que se puede equilibrar el respeto a las personas, el respeto a la ley y el respeto a la justicia con la dura realidad de la corrupción, las presiones de la sociedad y las de los jefes, las amenazas y reacciones de los malandros. En sus sueños se construyen una imagen de defensores del orden, guardianes del bien y combatientes del mal, y en su duro quehacer cotidiano llegan a justificar los medios por el fin. La mayoría lo sobrellevan, algunos no soportan que su imagen se deteriore y, lo dijo Gaona de Belmonte: “Antes de esperar la muerte, tienen el valor de salir a su encuentro”. RIP Comandante Rojo.)

bullidero@outlook.com                  facebook  jemartinj                    twitter  @jemartinj