Salvador Rodríguez López

Cada año se reinventa para presentarse tan lozana como la primera vez. Su traza causa desazón entre miles de familias y sin embargo no pueden deshacerse de ella. Solamente queda soportarla y seguir soñando que dentro de doce meses se vaya para siempre, sin embargo puntual regresa a la cita.
Así, en unas cuantas líneas, se resume el significado de la cuota escolar, cuyo origen se pierde en los arranques de la educación pública, cuando alguien se le ocurrió que debería haber una cooperación familiar para atender las carencias del plantel, lo que pasó de ser una necesidad a una obligación, en que “pagas porque pagas”.
Los últimos días volvieron a escucharse los reclamos tradicionales de los padres de familia, por el cobro que les hacen como requisito para inscribir a sus hijos y que al no haber una cuota estándar cada escuela impone la propia, de esta manera van de 200 a los 1,000 pesos, que cuando se tiene hijos en jardín de niños, primaria, secundaria o bachillerato, el gasto rebasa los 2,000 pesos, lo que para quienes ganan dos o tres salarios mínimos obliga a endeudarse para cubrir sólo este requisito.
Lo que señala la Constitución General de la República en su Artículo Tercero, de que “toda educación que el Estado imparta será gratuita” , no pasa de ser uno más de los enunciados que todo mundo conoce y que nadie respeta.
Para mitigar la irritación social el gobierno del estado anunció que “donará” 200 pesos por cada alumno de educación básica, por lo que una vez que la escuela reciba el dinero le será devuelta esa cantidad a los padres de familia ¿y saben cuándo lo harán?
Adelantándose a los comentarios, el titular del Poder Ejecutivo señaló que “el acceso a la educación no debe ni puede ser condicionado al pago de cuotas escolares”, sin embargo, refirió, “los padres de familia que participan, les juro que están conscientes de la gran necesidad de la cuota, los que menos participan luego son los que más gritan, pero no saben la realidad de esta infraestructura, de estas aulas, lo que se requiere para el mantenimiento y para el equipo”.
La Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, aprobada por la LXII Legislatura el 10 de marzo de 2014 y publicada al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado, no menciona el pago de una cuota de inscripción, pese a ello dejó abierta la puerta para que se aplicara, al incluir en el inciso III del artículo 153 que los padres tienen “derecho” de “colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos, y en el mejoramiento de los establecimientos educativos”.
Asimismo, es “obligación” que colaboren “con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen” (Art. 164, inciso II).
Para reforzar lo anterior, los diputados de la pasada legislatura establecieron que las asociaciones de padres de familia deben “colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles”, ante todo que participen “en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar”, reiterando que “estas cooperaciones serán de carácter voluntario y según lo dispuesto por el Artículo 6º de esta ley”. Para no dejar lugar a interpretaciones dejan en claro que “en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo” (Art. 155 inciso III).
En resumen, la Constitución federal ordena que la educación que imparta el Estado sea gratuita, pero la Ley de Educación de Aguascalientes determina que debe haber colaboración de los paterfamilias, cuota que indudablemente pueden rechazar y exigir que inscriban a sus hijos, pero el temor a que los hagan menos obliga a tragarse el coraje y apoquinar, en una clara demostración de los contrastes en que vive la sociedad.

EXIGEN IGUALDAD
Los taxistas reclaman que todos los que aporten un servicio de alquiler de automóviles se rijan por la ley y quien no lo haga sea retirado y sancionado, de lo contrario crecerá la anarquía al considerar que actualmente hay 1,500 unidades “pirata”, que significa la cuarta parte de los autorizados.
El líder de la Sociedad Unidos de Operadores de Taxis de Aguascalientes (SUOTA), Francisco Javier Pacheco Mendoza, precisó que las autoridades deben tener como prioridad devolverle la legalidad a este servicio, para ello sólo se requiere aplicar el Código Urbano.
Mientras que a los que están dentro de la norma los tienen vigilados y cualquier error que cometen es objeto de multa, los otros pueden circular sin problema alguno en función que carecen de identificación y pasan como particulares.
Por su parte, José del Refugio Eudave Ortiz, dirigente de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes (TRA), manifestó que tiene que haber “piso parejo”, terminándose la competencia desleal que afecta sus ingresos y deja en un estado de indefensión a los pasajeros, toda vez que el chofer carece del “tarjetón” que lo identifique y faculte para trabajar en esta actividad, por lo que al aceptar un servicio en plena vía pública el usuario se expone a pasar un momento desagradable.
Hizo mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló para que el servicio Uber y otros análogos sea regulado en cada entidad y puedan traer unidades con siete años de antigüedad, por lo que debe haber las reformas correspondientes aquí, en que se incluya el aumento a 10 años la antigüedad de los taxis, al considerar que por lo regular se llevan cuatro años en pagar el costo de las mismos.
Asimismo, que al igual que los taxistas regulares, los otros sean obligados a pagar los derechos correspondientes, que llegan a superar los 2,500 pesos anuales en que se incluye la tramitación de gafetes o tarjetones, los cursos de capacitación, la carta de no antecedentes penales y la licencia.
Pacheco Mendoza precisó que se necesita mano dura para poner orden en este sector, acompañado de una política de simplificación de trámites, que le permita al gremio tener un beneficio justo y esto se logrará a partir de que exista equidad, algo de lo que hoy se carece.
Tanto concesionarios como operadores están a favor del orden y por lo mismo cumplen las obligaciones que fija la ley, pero son exigencias que deben ser para todos los que están en esta labor, sólo así, con equilibrio es posible que se fortalezca el servicio, puntualizó José del Refugio Eudave.

OPERACIÓN CICATRIZ
Al igual que sucede en los partidos políticos después de un proceso electoral, en el Sindicato del ISSSTE el recién elegido líder Ignacio Moreno Chávez está obligado a tener un acercamiento con aquellos que votaron en contra. De 576 votos emitidos, la Planilla Blanca que encabezó obtuvo 299, mientras que la Azul se llevó 146 y la Café 128, por lo que casi la mitad de los participantes estuvieron a favor de otra opción, lo que en términos democráticos deben sumarse al vencedor, sin embargo es preferible adelantarse y convocar a esos grupos a reuniones para conocer sus inquietudes y juntos encontrarle respuesta. Cerrar filas en torno a un solo proyecto es fundamental para llevar a puerto seguro los compromisos asumidos en campaña.