Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Aunque sea una perogrullada, sin embargo habrá que decirlo tantas veces sea necesario: de los funcionarios de una administración, en este caso de la educación, depende el avance, el desvío, el estancamiento y hasta el retroceso de los servicios educativos de la entidad. Desde luego, siempre hay factores que obstaculizan el desarrollo de éstos; pero se pueden sortear, con éxito, con capacidad y fortaleza de los empleados públicos. Esa es la cuestión.

A nivel federal, hay ejemplos de funcionarios destacados que por su preparación, experiencia, inteligencia preclara, habilidad, honradez y gran amor a la patria, hicieron historia en la educación al crear escuelas donde no había, formar maestros donde éstos no existían e imaginar, instituir y entregar libros de texto gratuitos a todos los niños y adolescentes mexicanos, entre otras proezas. Y después de establecer las condiciones físicas y humanas para los aprendizajes, lograron extraordinarios avances en la calidad educativa para bien de México. Pero también hubo y hay funcionarios que fueron designados por amistad, por compromisos políticos, por pago de favores, por conveniencia y por otras razones, no necesariamente de carácter educativo, cuyos resultados han dejado mucho que desear. En el caso de la entidad, la designación de funcionarios educativos ha tenido y tiene características semejantes a lo descrito a nivel nacional y los resultados también son similares en ambos sentidos, aunque guardando la debida proporción.

Pasando las votaciones del próximo 5 de junio, la gobernadora electa de Aguascalientes iniciará con la selección o designación de los empleados públicos del ámbito educativo. Éstos podrían ser entre los más cercanos, los que participaron en la campaña y los de compromisos previos. Se debe reconocer que tienen derecho a ser designados en encargos importantes. Sin embargo, no son suficientes los requisitos mencionados para cumplir, a plenitud, con los compromisos de campaña y mucho menos con la calidad de la educación. Para lograr la calidad educativa se requiere, inicialmente, evitar la politización de la educación; pues los niños no tienen colores. Los niños, los adolescentes y los jóvenes, fundamentalmente, tienen el derecho de ser educados con las mejores nociones de las ciencias, con la mejor pedagogía, con las mejores estrategias didácticas, con los valores expresados en la filosofía educativa de la Constitución, con el propósito de formar ciudadanos útiles a sí mismos, a la familia y a la sociedad; esto es, mexicanos orgullosos de su patria. Y para ello, se necesita que los empleados públicos piensen así y estén convencidos de estos principios, para que, desde el primer día y todos los demás días, hagan lo necesario para que en las escuelas cristalicen esos propósitos.

Entre los cercanos y correligionarios se pueden encontrar funcionarios que piensen así y que estén dispuestos a emprender, permanentemente, la tarea de mejorar la educación. Aunque habría que aceptarse que ésta no es tarea exclusiva de correligionarios, es tarea de todos los que entienden, conocen y quieren a la educación como soporte de igualdad, de solidaridad y de justicia social, sin distinciones. Todos tienen ese derecho y esa obligación.

Adicionalmente, también habría que decirlo, con el debido respeto, para asegurar una buena administración educativa, los altos funcionarios del sector no deber convertir los cargos en escenarios de lucimiento y de lanzamiento político hacia otras áreas electorales; porque si así sucediera, la educación estaría acotada y orientada hacia otros fines políticos. Esto ya pasó en varias administraciones, las cuales desvirtuaron la esencia de la educación, toda vez que los recursos, los esfuerzos y las acciones se destinaron hacia otros intereses, ajenos a la educación. A nadie se le coarta el derecho de participar en la política, pero después de demostrar en los hechos y con los resultados de haber avanzado y haber cumplido, fehacientemente, con la calidad educativa.

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