Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Aunque la democracia se inventa en las ciudades estado griegas poco tiene que ver con el concepto de la democracia actual. En Atenas sólo un grupo reducido del total de la población participaba en la toma de decisiones. En una sociedad de estamentos en que las mujeres no pueden ejercer derechos públicos y la mayoría de los pobladores no son considerados ciudadanos los procedimientos democráticos significaban una forma de toma de decisiones pero de ninguna manera la participación total de los atenienses.

Roma, según la leyenda envió a Grecia a diez ciudadanos (decenviros) llevando al frente al tribuno Terentilo Arsa para conocer sus leyes. Al menos dos grandes legisladores Solón y Licurgo podrían ser ejemplo para cualquier país del mundo. Los decenviros regresaron a Roma y propusieron la legendaria legislación de las Doce Tablas, que según se sabe por Gayo, originalmente eran doce especializadas que se adicionaron con dos misceláneas. La democracia romana pretendió imitar a la griega, aunque desde luego con limitaciones parecidas a aquella.

Los órganos primigenios de gobierno: comicios curiados y centuriados estaban formados los primeros con representante de las treinta curias (familias) originales de las tribus fundadoras ramnes, lúceres y ticienses (etruscos, latinos y sabinos) y los centuriados con los cabezas de las 196 centurias en que el rey Servio Tulio reorganizó la población de acuerdo con su capacidad económica. Eran formas democráticas representativas no directas. Los senadores eran elegidos también de forma indirecta.

Había sin embargo, dos figuras que podemos considerar como antecedentes de las modernas consultas populares. Cuando un ciudadano era condenado a una pena trascendente: la condena al circo como gladiador, la condena a galeras como remero, la condena a minas, la deportación o la pena de muerte, podía apelar en uso de un derecho ciudadano: la provocatio ad populum, a que la asamblea ciudadana considerara su caso y revocara o redujera su sentencia. La otra figura es el plebiscito. Luego de la secesión de los plebeyos comandada por Lucio Sicinio Beluto que abandonaron Roma como protesta por las duras cargas y la falta de reconocimientos y derechos y se instalaron en el monte Aventino, el Senado les reconoció algunas prerrogativas, entre otras, la de que la asamblea popular “concilium plebis” tomara acuerdos “plebiscitos” que regían la vida de los plebeyos y más adelante con la Lex Hortensia, se consideró al Tribuno Plebis como sacrosanto, de manera que quien lo atacase cometería el crimen de sacrilegio y a los plebiscitos se les reconoció fuerza de ley.

Dando un salto gigantesco hasta la actualidad, la dificultad práctica de una asamblea popular en que puedan tomarse determinaciones, ha hecho que se creen mecanismos de consulta que básicamente son de dos tipos: el plebiscito y el referendum. El primero es una consulta sobre una política, un proyecto, una propuesta, etc.; el segundo es la pregunta sobre si se ratifica una decisión y tomada. En el primer caso se cuestiona antes de llevar a cabo el objeto de la consulta, en el segundo, ya tomada la decisión se consulta si cuenta con el apoyo y en su caso la negativa haría dar marcha atrás al acto consultado.

Ambos, plebiscito y referéndum, son figuras de democracia participativa, en la que mas allá del ejercicio democrático del sufragio para la elección de los gobernantes, se busca la participación de la ciudadanía en la definición o aplicación de ciertas políticas públicas que, siendo incierto el apoyo popular o deseando darle mayor legitimidad, la autoridad recurre a ellas para darle un soporte en la expresión de la voluntad popular.

Naturalmente siendo procedimientos complejos y dependiendo de ellos algunas decisiones relevantes para la vida pública, deben regularse cuidadosamente para garantizar la pulcritud en los mecanismos y certeza en los resultados. Ello implica precisar cuestiones de forma, de tiempo, de alcance y pertinencia, y desde luego quién y cómo llevarlos a cabo. El Congreso aprobó la legislación que establece los aspectos logísticos para realizarlos y entre esos aspectos la eventual calificación de la Suprema Corte de la constitucionalidad de la materia objeto de la consulta.

Sin entrar a particularidades y precisiones regulatorias que pueden ser objeto de interés mas especializado conviene señalar grosso modo, que a la consulta se puede llegar por la vía de un mecanismo previo de obtención del apoyo de un sector importante de la ciudadanía, por un acuerdo del Congreso o por la solicitud presidencial que será calificada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

El presidente López Obrador había anunciado, considero que de manera imprudente que, la responsabilidad de los ex-presidentes de la república pudiera ser objeto de juicio sólo que la población así se lo pidiera. Hago consistir la imprudencia en dejar de lado la obligación de la autoridad de denunciar y perseguir la comisión de delitos o faltas de los que se tenga noticia y trasladarla (?) a la ciudadanía, lo que es a todas luces un mecanismo ilegal.

A través del movimiento Morena, se propuso obtener el apoyo de cerca de dos millones de votos ciudadanos, que en la actualidad representan el porcentaje previsto en la ley, para poder proceder en la consulta. Explorada la vía del Congreso se consideró inviable. La captación de firmas fue un fracaso y, seguramente ante la imposibilidad de poder acreditar el número de votos requeridos para que se realizara la consulta formal el Presidente optó, quemar su última carta y envió a la Suprema Corte su propuesta para ser calificada.

No era necesario ser perito en Derecho para adelantar el posible criterio de la Corte. Es claro que no puede consultarse sobre la aplicación o no de la ley. Era evidente que, fuera quien fuera el ministro ponente, la propuesta no podía ser diferente. La aplicación de la ley no está sujeta a consulta. No requiere hacerse la consulta.

El ministro Luis María Aguilar elaboró la ponencia y desde el Presidente de la República hasta el último de los treinta millones de seguidores que dice tener iniciaron una campaña de linchamiento.

La ponencia puede consultarse y sacar sus propias conclusiones en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2020-09/Rev%20const%201-2020%20-%20PROYECTO.pdf

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