Salvador Rodríguez

Tantas veces se ha escuchado que una persona actuó de buena fe que en algunos actos se pierde la esencia misma, por lo que en ocasiones se debe recurrir a salvaguardar ese hecho y defender un derecho ante cualquier autoridad, lo que no es fácil acreditarlo, máxime cuando hay quienes buscan aprovecharse para obtener ventaja o un beneficio.

Asegura Gustavo Martínez, director de educación media superior y superior del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), que hay universidades que no tienen reconocimiento oficial, a las cuales se niega a mencionar como “patito” porque para él son simples “proyectos empresariales”, sin embargo funcionan y se publicitan como instituciones de educación superior y esto atrae a jóvenes que se inscriben, por lo que pagan cantidades importantes de inicio y como mensualidad, lo que puede seguir así durante un tiempo hasta que los mismos alumnos o los padres de familia se percatan que no cuenta con registro, por lo que llegado el momento no pueden extender documentación alguna.

Lo lógico es que el IEA investigue y compruebe la legalidad de todas las universidades y de estudios técnicos y disponga el inmediato cierre de las que carezcan de la documentación correspondiente, porque tal como funcionan aquellas que carecen de validez es un fraude, pero Martínez Romero señala que el Instituto de Educación “no hace inspección o vigilancia”, como si lo hace el área de reglamentos municipales para conocer cómo actúa el comercio callejero en el día a día, en cambio “nosotros apelamos a la buena fe de las instituciones, se sabe que hay empresas y proyectos que quieren trabajar en el ámbito educativo, es decir son proyectos de negocios y que están fuera de la norma”. (05/VI/21 El Heraldo)

Una universidad o colegio de estudios superiores debe contar con el RVOE, esto es, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que expiden la SEP, las autoridades educativas estatales y la universidades e instituciones de educación superior públicas facultadas para ello, lo que se obtiene después que le fue aprobado su plan de estudios, que tiene un inmueble adecuado para la impartición de los estudios, que cuenta con instalaciones para el desempeño de alumnos, profesores y personal administrativo y que además dispone de laboratorios, canchas deportivas y espacios para el libre desenvolvimiento de la propia comunidad.

Las consecuencias que pueden tener para los alumnos que asisten a un lugar que carece de RVOE es que no se les puede expedir ningún documento que avale los estudios realizados, por lo que no podrán obtener un título ni la cédula profesional, además carecen de posibilidades de lograr una equivalencia que les permita seguir sus estudios en otra institución.

Aunque Gustavo Martínez pidió a la población estudiantil que se asegure que la universidad que ha elegido está dentro de la legalidad, para ello puede consultar la información que difunde el IEA, pero hay un camino que no mencionó y que no falla y consiste en que la institución debe mencionar en toda su publicidad y documentación que emita el número de acuerdo del RVOE, la fecha de expedición y la autoridad que lo otorgó. De no hacerlo se presume que los estudios carecen de validez oficial.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recomienda a quienes cursan o cursaron estudios en una institución que carece de RVOE y que sienten que fueron engañados, recurran a las instancias legales para presentar una demanda, sin embargo, si desde un principio sabían que el plantel no tenia reconocimiento oficial no se puede hacer nada.

OJALÁ FRUCTIFIQUE

Una de las mayores demandas de los países que no pertenecen al bloque de los siete más ricos del mundo, es que las transnacionales tributen en lugares donde funcionan y no como ha sucedido hasta ahora, de que lo hacen sólo en sus puntos de origen, pese a que se sirven y gozan de todo lo que ofrece el territorio donde tienen sus filiales.

Al comentar esa posibilidad, el especialista en contaduría José Alfredo Franco Hernández, señaló que la propuesta viene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que apoya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fue suscrita por 130 países entre ellos México, que tiene como finalidad que las empresas multinacionales paguen un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 15%, con lo que se evitaría que evadan el cobro y lleven sus ganancias a sus matrices y países conocidos como paraíso fiscal.

Es un asunto que también se ha tratado a nivel interno en México, debido a que las empresas tributan en donde tienen sus oficinas principales, por lo que no lo hacen en los estados en que tienen las filiales o sucursales. Fue algo que planteó el desaparecido tesorero general del Estado, Pedro Rivas Cuéllar, sin haber encontrado eco, ya que no hubo la unidad necesaria entre las entidades para lograr un reparto más justo de las ganancias.

Franco Hernández, quien fuera presidente del Colegio de Contadores de Aguascalientes, dijo que si llegara a dar fruto el planteamiento de la OCDE, significaría para este país alrededor de 1,500 millones de dólares al año, lo que sería una retribución por el beneficio que reciben en varios sentidos.

Hizo hincapié que a nivel internacional “son comunes las malas prácticas de empresas que generan ganancias en México por ejemplo, y se llevan sus ingresos a otros países como Irlanda o Hungría, que son paraísos fiscales donde cobran poco impuesto, lo cual es injusto porque el dinero no se queda donde se produjo la riqueza y este acuerdo busca cambiar eso”.

La OCDE publicó una lista de 15 acciones que propone a los países para cobrar de forma más eficiente el ingreso fiscal, de las cuales México ha aplicado en 12, la más reciente fue el año pasado y tiene que ver con el gravamen del IVA y el ISR a las plataformas de servicios digitales y que en función de esta reciente medida firmada, a nivel mundial, México cobra un 30% de ISR a las empresas. Con esta nueva medida el Gobierno mexicano podría recaudar unos 1,500 millones de dólares al año, recursos que pueden quedar incluidos en el Presupuesto de Ingresos de 2022, que en septiembre será sometido a consideración, debate y posible aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Es importante tomarlo como algo positivo para la Secretaría de Hacienda, afirmó José Alfredo Franco, porque esto amplía las tareas que se ha propuesto la administración federal en beneficio de la ciudadanía en general, sin dejar de lado que aquí quien sale perdiendo son las transnacionales, aunque de cualquier manera se llevan importantes ganancias.

SÍ, PERO NO

Sí, es posible que los taxistas estén preocupados porque sus ingresos no les alcanzan para cubrir los gastos, pero no es aceptable que en aras de esta situación hagan del vehículo de alquiler una especie de combi, donde, pese a que llevan pasaje, suben a más personas. Por varios años se prohibió hacer este tipo de labores, como una especie de protección para el ocupante original, ya que no se sabe quiénes son los que en seguida abordan la unidad, pero a últimas fechas los choferes han retomado esta práctica que si de día es azarosa, de noche es un alto riesgo. Se desconoce si lo hacen como parte de una estrategia para obligar al Gobierno a que les autorice nuevas tarifas, pero mientras se llega ese día continuarán aplicando un viejo sistema para allegarse más entradas. Lo interesante de todo es que en la oficina que regula el servicio no se da por enterada, con el argumento que no hay una denuncia formal cuando bien podría llevar a cabo un operativo encubierto que asegure descubrir a los operadores que se aprovechan de la necesidad que hay en los ciudadanos de trasladarse y sobre todo que no quieren problemas, ya que no saben con qué clase de individuos se podría enfrentar.