Staff
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso dejó en manos del Presidente de la República el destino de los bienes que pasen al Gobierno federal por extinción de dominio, y también le da facultades sobre bienes asegurados y decomisados en procesos penales.
La nueva Ley General de Extinción de Dominio, aprobada ya por ambas Cámaras, crea el Gabinete Social de la Presidencia, comandado por el jefe del Ejecutivo e integrado por cinco secretarios de Estado, los directores del IMSS e ISSSTE y otros funcionarios.
La reforma también sustituye al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por un Instituto, que no se llamará “Para Devolver lo Robado”, como ha mencionado el Presidente López Obrador, sino Instituto de Administración de Bienes y Activos.
El Gabinete Social será “la instancia colegiada de formulación y asignación de transferencias de los bienes a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, así como bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales”.
Dicho Gabinete podrá usar lo obtenido por extinción para pagar programas sociales o repartir fondos a estados y municipios, según considere.
También está prevista la “venta anticipada” de los bienes, es decir, se podrán rematar antes de que se dicte sentencia declarando la extinción. El Gobierno tendrá que devolver el dinero si, eventualmente, pierde el juicio.
“Los bienes en proceso de extinción de dominio podrán disponerse de forma anticipada a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal, la FGR, así como los gobiernos de entidades federativas y municipios, según disponga el Gabinete Social”, dice la ley.
En la actualidad, los recursos obtenidos por extinción dictada en sentencia firme tienen que ir a pago de víctimas directas del delito en cuestión, a acreedores del delincuente, o a un fondo general para víctimas de la delincuencia que no obtuvieron reparación del daño en los procesos respectivos.
Con la reforma, estos destinos quedan sólo como una opción, pues si no hay víctimas que reclamen, el reparto queda a discreción del Gabinete Social.