El fiscal especializado en Delitos Electorales, Óscar Montoya, precisó que ya han recibido las primeras denuncias por supuestos delitos en la materia, correspondiente a las campañas que han emprendido candidatos a diputados federales, y que comenzarán abanderados a las diputaciones locales y alcaldías, con más de 40 mil habitantes, a partir del próximo lunes.

El fiscal resaltó la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación que considere la población, pudiera tratarse de un delito electoral, con la intención de ser escuchados, analizados y castigados, en caso de que existan los elementos que comprueben la falta. Para las elecciones más grandes de las historia, del próximo 6 de junio, se anticipa un número importante de presuntos delitos, que en caso de comprobarse, los responsables pudieran enfrentar sanciones carcelarias de entre 3 a 9 años de prisión o multas económicas, para el caso de ministros de culto.

De acuerdo con la Ley General en materia de Delitos Electorales, todos los presuntos son seguidos de oficio, alcanzando el rango grave con prisión preventiva oficiosa para las partes acusadas, y por consecuencia, aquella persona que cometa un ilícito electoral, tendrá que enfrentar prisión preventiva desde el momento en el que sea detenido y hasta que se emita la sentencia.

Los principales delitos electorales corresponden a recoger una o más credenciales de elector durante el proceso, pedir el apoyo para alianzas o candidatos a cambio de dádivas o posterior a la jornada electoral. Además de utilizar recursos públicos y condicionar apoyos de programas sociales a favor de algún candidato.

De acuerdo con el fiscal, el promedio de denuncias por presuntos delitos electorales, es de 37 a 49, aunque casi todos no proceden al no encontrarse elementos que comprueben la falta. Finalmente, Óscar Montoya aclaró que la entrega de apoyos de programas sociales ya contemplados para el presente año, no están prohibidos, siempre y cuando no se condicionen.

“El llamado a la sociedad es a denunciar todo aquellos actos que consideren pueden configurarse un ilícito. Aún cuando ellos no son peritos para determinar si hay o no una falta, la Fiscalía estará trabajando para ello. Queremos que haya una elección transparente, democrática y sobre todo una elección libre de delitos”, concluyó.