Luis Muñoz Fernández

El historiador y sociólogo francés Émile Poulat (1920-2014) decía que “la libertad es como un jardín. Vuelve rápido al estado salvaje en cuanto deja de ser cultivada”.

Roberto Blancarte, sociólogo, historiador y compañero en el Colegio de Bioética, es un referente obligado en el tema de la laicidad en nuestro país. En su libro “La república laica en México” (2019) dice que “el principio de laicidad de la República debe entenderse en el marco de varios puntos de referencia”. El primero es lo que dice el artículo 40 de la Constitución: somos una República laica. El segundo es lo que expresa el artículo 3º en relación a la educación laica, que deberá mantenerse “por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. El tercero está contenido en el artículo 130 sobre “el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias”.

Jorge Wagensberg, científico y museógrafo catalán, siempre agradeció a sus padres el haberlo inscrito en la Escuela Suiza de Barcelona, una de las pocas escuelas que en la década de los cincuenta del siglo pasado no estaba en manos de la Iglesia católica, lo que le evitó la imposición de “la impronta indisimulable de la Iglesia”. Afirmaba que “en la escuela no debería transmitirse creencia alguna, aunque sólo sea por lo mucho que cuesta luego librarse de ella”.

Dentro de las reformas a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes aprobadas por nuestros legisladores el pasado mayo de 2020, la del artículo 4º, que impide a los niños participar en las actividades escolares que sean contrarias a la ideología de sus padres o tutores (el llamado “pin” parental), es un verdadero atentado contra la construcción de una sociedad laica, un dardo envenenado para la armonía social que cercena la posibilidad de que los niños aguascalenteses reciban una formación integral. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las representaciones en México de la Unesco, la Unicef, el Fondo de Población y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todas dependientes de la ONU, le pidieron al Congreso de Aguascalientes modificar el contenido de las reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la recién promulgada Ley de Educación del Estado.

Una vergüenza de alcance internacional.

 

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