Incumplimiento de obligaciones alimentarias y suscripción de títulos de créditos no saldados, son las principales causas de embargos en contra de deudores, informó el juez mixto de Primera Instancia en Jesús María, Felipe de Jesús Arias Pacheco.
Explicó que un embargo solamente es procedente cuando deriva de una resolución emitida por un juez y es un medio para ejecutar dicha sentencia o para garantizar el pago de obligaciones contraídas.
Dejó en claro que en razón de ello es que no se previene a la persona deudora mediante una notificación previa a su ejecución, sino que se consuma para dar trámite al juicio correspondiente o bien, si la deuda se paga en lo inmediato, se frena la acción.
En entrevista, puntualizó que un embargo no lo puede llevar a cabo cualquier abogado o personal de cobranza, sino que solamente es viable cuando el actuario del PJE acompaña al acreedor y muestra a quien no ha pagado la orden de un juez, ya sea para cobrar o embargar.
En ese sentido, recalcó que los títulos de crédito son el instrumento más común que genera embargos, pues basta con que el acreedor tenga en su poder el documento vencido para proceder a una demanda ejecutiva mercantil.
“Así, se ordena que se garantice el cumplimiento del pago y luego continuar el trámite del juicio, lo cual es una práctica frecuente ante la proliferación de casas de préstamo y de prestamistas particulares”.
Por tal motivo, recomendó no firmar títulos de créditos, como pagarés o cheques en blanco y preferentemente tampoco de aval, ya que la firma estampada en el documento es suficiente para proceder a la cobranza, en su caso el embargo y enseguida el juicio.
El juez Arias Pacheco recordó que la vigencia para cobrar un pagaré a través del juicio ejecutivo mercantil es de tres años a partir de la fecha de vencimiento, pasado este término se procede mediante la vía ordinaria mercantil u oral.
Respecto de los bienes embargables, explicó que lo son las mercancías, los documentos de fácil cobro y los bienes muebles, siempre y cuando éstos no sean los de primera necesidad en una casa.
Finalmente, destacó que el uso de la fuerza pública está autorizado en el expediente, por lo que ante la negativa tajante a no permitir el ingreso del actuario al domicilio o la negativa rotunda de sacar los bienes de la vivienda, es procedente la fuerza pública incluso para romper chapas y cerraduras si hay seguridad de que el deudor o un mayor de edad está en el interior.