Víctor Osorio
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador para formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia, advirtió Human Rights Watch (HRW).
Los militares, que han sido desplegados desde 2006 para tareas de seguridad pública, indicó en un pronunciamiento difundido ayer, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia.
«El Presidente López Obrador debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil», consideró Tyler Mattiace, investigador para México de HRW.
Durante los primeros tres años de la presidencia de López Obrador, anotó la organización civil internacional, el Ejército informó que en 640 enfrentamientos con civiles armados mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió a 89, y que 21 soldados fallecieron durante ese periodo.
Y por lo general, advirtió, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en operaciones de seguridad pública.
La Guardia Nacional, recordó, fue creada como un organismo teóricamente civil, pero en la reforma constitucional con la que sustituyó a la Policía Federal se incluyeron cláusulas transitorias que permitirían a las fuerzas militares supervisar la transición y auxiliar en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
«Desde entonces, la Guardia Nacional ha actuado como brazo de facto de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional está dirigida por comandantes militares y más del 80 por ciento de sus miembros son soldados o marinos que perciben sus salarios a través de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de la Marina», señaló el organismo.