Violeta Meléndez 
Agencia Reforma

Guadalajara, México.- Mientras las autoridades de distintos órdenes de gobierno solamente reconocieron de manera oficial 212 fallecidos por las explosiones del 22 de abril de 1992, académicos y familiares de víctimas se organizaron para contabilizar a las personas desaparecidas que nunca fueron encontradas, así como las finadas, y ascendieron a mil.

Así lo revela el profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Jorge Regalado Santillán, quien lamentó el negacionismo de las autoridades sobre la dimensión de la tragedia, que impide en la actualidad tener certeza de los hechos.

«Hubo grupos de académicos de la UdeG, del CIESAS, que nos organizamos, hicimos grupos de trabajo muy vinculados a los damnificados», recordó el investigador. «El conteo de los fallecidos ya estaba cerca de las mil personas, es la cifra extraoficial, de damnificados que estaban contabilizando a sus familiares que no encontraban.

«Estamos hablando de un barrio muy bullicioso cerca de la Central Camionera, con mucha vida, imagínate la cantidad de personas que estaban deambulando de otros municipios y probablemente perdieron la vida con la explosión».

El también coautor del libro ¿Olvidar o recordar el 22 de abril? relató que otro factor que dificultó la identificación de personas fallecidas fue la violencia de la explosión, pues al haber alcanzado a destruir 10 kilómetros de calle, el Instituto Politécnico Nacional estimó que se debieron necesitar más de 6 millones de litros de gasolina.

«Era difícil hacer el conteo porque esa explosión desbarata cualquier cuerpo humano, eran restos, no podías encontrar los cuerpos completos, fue un punto complicado. Además, con muy poca sensibilidad y humanidad los gobernantes ese mismo día ya querían meter trascabos, máquinas para limpiar porque iba a venir el Presidente», relató.

«A esa hora probablemente muchas personas estarían vivas bajo los escombros, la primera acción de defensa de la vida que hizo la gente fue ponerse frente a los trascabos e impedir que pasaran, porque a la primer palada que hicieron empezaron a salir cuerpos, la gente se enojó más y crecía la indignación».

Regalado Santillán aseguró que pese a la gravedad de las explosiones, las advertencias ciudadanas y técnicas previas por el olor a gasolina, a 30 años de distancia sigue sin haber certeza sobre lo que causó que dicho hidrocarburo se desviara al drenaje urbano, tampoco hubo una reparación del daño ni sanciones contra los responsables.

«No nos explicamos cómo tanta gasolina no pudo haber sido registrada que se estaba perdiendo (…). Se calificó el hecho como una negligencia criminal de los gobernadores de ese entonces que no hicieron nada ante las denuncias, y luego regañaron a la gente por no haberse salido», agregó.

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