Oscar Uscanga
Agencia Reforma

El senador morenista, Ricardo Monreal, criticó a su correligionario partidista y Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por asegurar que éste quiere concentrar el poder y permitir que ciudadanos sigan siendo detenidos por ultrajes a la autoridad, pese a ser un delito considerado inconstitucional desde 2016.

En la periferia del penal de Pacho Viejo, ubicado en el Municipio de Coatepec, Monreal Ávila informó la liberación que ordenó un juez de seis jóvenes que en septiembre pasado fueron acusados de amedrentar a policías durante su detención en Xalapa capital, pese a que en videos se verificó que no pusieron resistencia.

«Hay cientos de casos como éste en que jóvenes, mujeres y dirigentes políticos están privados de su libertad aquí en Veracruz, por eso decidí enviar un exhorto al Congreso del Estado, para que este tipo penal pernicioso sea derogado y que sean liberadas las personas que padecen por esta causa penal», expresó en un video.

«En esta agenda, nunca me referí al Gobernador del Estado, sino a la justicia local, omisa y mediocre. No, no señor Gobernador, no defiendo delincuentes, defiendo el Estado de Derecho, defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido a proceso, a la gente del autoritarismo y vendettas políticas que siempre son injustas.

Usted debe de ser cuidadoso con lo que hace y pronuncia, porque su investidura no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal, cuando una persona, recuérdelo, concentra poderes, se acerca a la tiranía, no coincido con su expresión, no se la acepto, soy un hombre recto y un servidor público consciente, no soy de sus aplaudidores, le hago una sugerencia que quienes lo rodean y asesoran no actúen sin freno», añadió.

Apenas el 7 de diciembre pasado, Monreal Ávila acudió a Veracruz para criticar la aprehensión de estos jóvenes por el delito de ultrajes a la autoridad, el cual en marzo pasado incrementó sus penas de cárcel a petición del Gobierno estatal.

Tras una iniciativa del Gobernador García, el Congreso local decidió reformar el Código Penal de este delito que establece penas de cinco y siete años de prisión a quien amenace o agreda a un servidor público, policías estatales, municipales y ministeriales en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

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