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Agencia Reforma

SAN SALVADOR, El Salvador.- La decisión del oficialista Congreso salvadoreño de destituir a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte y al Fiscal General, contrarios al Presidente Nayib Bukele, elevó al máximo las preocupaciones a nivel local y mundial sobre que se esté trastocando la división de poderes en el país centroamericano.

Custodiados por la Policía Nacional Civil, los nuevos Magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual que el nuevo Fiscal, en una medida que fue rechazada por organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.

El cese se dio justo cuando el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se comunicó con Bukele para expresarle la “gran preocupación” del Gobierno de Joe Biden por la remoción de los funcionarios.

“La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños”, apuntó Blinken en Twitter.

En una nota de prensa, el Departamento de Estado señaló el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, lo que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes.

Subrayó también como necesario defender una prensa libre y una sociedad civil dinámica, así como apoyo al sector privado, que, manifestó, depende del Estado de Derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños.

El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de Magistrados y abogados, Diego García-Sayán, criticó fuertemente lo acontecido en El Salvador.

“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los Magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional”, enfatizó.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo y pidió respetar el Estado de Derecho.

“Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del Poder Judicial solo conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”, indicó.

Sin mencionar directamente a Bukele, el organismo condenó el proceder del Poder Ejecutivo que, afirmó, guió a la destitución de los jueces y el Fiscal.

El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, llamó a la OEA a mediar para una salida pacífica a la “alteración del orden constitucional” que, a su juicio, enfrenta el país.

Por su parte, Human Rights Watch acusó al Presidente salvadoreño de intentar concentrar todo el poder en sus manos.

A nivel local, más de 20 de organizaciones sociales y gremios empresariales denunciaron la

“usurpación” de la Sala de lo Constitucional de la Corte y desconocieron a los abogados electos por la Asamblea Legislativa para ocupar los cargos de Magistrados.

Bukele se ha enfrentado con el tribunal especializado, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia de Covid-19 al considerar que violaban derechos fundamentales de la ciudadanía.