El director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Ignacio Delgado Macías, nada quiere saber de quejas por el mal servicio de la dependencia a su cargo.

Interrogado sobre el particular, se negó a explicar las causas de las siguientes deficiencias:

Inseguridad jurídica por la expedición de certificados de existencia o de no existencia de gravámenes, con errores e inexactitudes; diversidad de criterios en la calificación de documentos por inscribir, ya que cada nuevo director(a) implanta los que se le ocurren, generalmente infundados.

Insuficiente capacitación del personal en todas las áreas o secciones registrales; suspensión del servicio de consulta de inscripciones, dado que se quitaron las pantallas disponibles al público; e inexistencia de consulta remota para notarios e instituciones.

Asimismo, imposibilidad de consulta directa a libros que se dicen “emplayados”, por lo que se niega el acceso a ellos, lo que debería permitirse ante la pérdida total de información y datos de 2015 a 2020.

Trámites lentos en la recepción de documentos por inscribir; rechazos injustificados de documentos ingresados para inscripción debido a la ya señalada diversidad de criterios de calificación documental.

Información inmediata o privilegiada de que disponen algunos promotores inmobiliarios; ocultamiento de información respecto al problema sufrido incumpliendo el deber de transparencia, desconociéndose la magnitud del problema y las medidas tomadas para su solución.

Trámites lentos en la recepción de documentos, queja recurrente de gestores de bancos y de notarías; criterios extralegales relativos a la vinculación catastral; el desconocimiento del valor legal de las escrituras, actas y testimonios según el artículo 70 de la Ley del Notariado, en razón de que el personal registral sólo da valor a sus propios datos.