El cobro del Impuesto Predial por parte de los gobiernos municipales a dueños de propiedades, se ha convertido en el acto de autoridad más impugnado, por encima de los recibos de agua y multas de tránsito.
Durante los últimos tres años más ciudadanos buscan impugnar este impuesto, que aún cuando su recaudación es constitucional, cerca del 80% de los casos obtienen una resolución favorable para los propietarios de inmuebles, señaló el magistrado presidente de la Sala Administrativa, Enrique Franco Muñoz.
Hay un claro incremento en todo tipo de demandas, pero el impuesto predial se ubicó con más de mil demandas en el año 2022, posicionándose como el acto de autoridad más recurrido, enfatizó.
Al cierre del año anterior, la Sala Administrativa recibió 1,070 asuntos de impugnación del impuesto predial, superando casi el doble de los casos relacionados con impugnaciones de recibos de agua potable y multas de tránsito, ambas con poco más de 500 demandas presentadas.
Las reclamaciones en contra de este gravamen se enfocan en el estudio de la paridad en el cobro y requisitos de procedibilidad por parte de la autoridad, agregó.
No obstante, esto no resta que el cobro del impuesto sea legítimo, cuya tributación se recauda en beneficio de la sociedad; sólo debe cobrarse cumpliendo la forma y en apego a los requisitos de ley, abundó.
Franco Muñoz advirtió que el incremento de las impugnaciones del impuesto predial por los propietarios de inmuebles alcanzó un número de 878 asuntos tan sólo en el primer bimestre del año 2023, muy cerca de alcanzar la cifra que se registró a lo largo del año pasado.
En el año 2022 las demandas de ciudadanos contra el impuesto Predial concentraron cerca del 37% de todos los asuntos admitidos en la Sala Administrativa del Poder Judicial, mientras que al cierre de febrero de este año casi duplica esta proporción al concentrar el 67% de la totalidad de los expedientes de impugnación.