En los veinticinco últimos años, la pobreza en México, incluido Aguascalientes, no ha variado al mantenerse un índice de cincuenta y tres millones de habitantes; el sociólogo Rogelio Gómez Hermosillo, representante del Núcleo Coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza, advirtió ayer en esta ciudad que se requiere un nuevo modelo económico y social, porque el vigente está agotado y ha demostrado su ineficiencia.
Al impartir la Conferencia “Nuevos Retos de Pobreza y los Retos del Clientelismo Político. La Corrupción y el modelo económico excluyente”, en el vestíbulo del Palacio Legislativo, el representante de una red de más de 60 asociaciones civiles señaló que Aguascalientes no se encuentra entre los peores estados con pobreza, pero sí existen más de 500 mil personas que no reciben un ingreso suficiente para vivir.
Como organizaciones de la sociedad civil, Cohesión Social propone un nuevo esquema económico y social que se le acerca a todos los partidos políticos, gobiernos y congresos federal y local para comenzar a pensar cómo reducir las brechas de desigualdad, garantizar los derechos constitucionales y propiciar oportunidades de desarrollo para toda la sociedad en su conjunto.
Explicó que a nivel nacional, la economía ha crecido al doble en los últimos 25 años y la inversión extranjera se ha multiplicado casi cinco veces; las exportaciones, por cuatro; y el gasto público se ha multiplicado por tres; sin embargo, la pobreza sigue igual. Esto obliga a hacer diferentes las cosas, sentenció.
Precisó que en México muchas personas que trabajan son pobres, es decir, que el 40% de la población trabajadora tiene un ingreso inferior a la canasta alimentaria.
Asimismo, de acuerdo a datos del Coneval, en México existen 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social, donde 233 son del inventario federal, 3 mil 788 corresponden a lo estatal y 2 mil 730 a lo municipal, los cuales se aplican de modo discrecional. Por ello, se pronunció por la creación de un padrón único de beneficiarios de programas sociales, similar al esquema del RFC de la SHCP, a fin de tener claro quién los recibe y evitar cualquier comportamiento clientelar de las entidades públicas.