Salvador Rodríguez López

Cada vez que los empresarios se acuerdan del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que es muy seguido, demandan que se reduzca al considerar que hacerlo puede ayudar para que los negocios crezcan, sin embargo es un despropósito lo que piden, puesto que la exigencia debe ser que se elimine por ser un gravamen arbitrario, paradójico e injusto.

En el caso de Aguascalientes se aplicó en el gobierno del ingeniero Luis Armando Reynoso Femat y se dijo entonces que serviría para otorgar créditos en condiciones muy favorables para los participantes de esta reserva. Fueron pocos los convencidos de las bondades con que sus promotores envolvieron el citado tributo, inclusive un diputado de Acción Nacional, que se decía muy cercado a los hombres de negocios, fue el que más impulsó la aprobación en el Congreso del Estado, asegurando que venían mejores tiempos y aún cuando la cúpula del Centro Empresarial de Aguascalientes acudió a la sede parlamentaria para expresar su rechazo, por mayoría se aprobó y desde entonces todos los patrones tienen la obligación de pagar un porcentaje, que se aplica de acuerdo con la nómina que tienen.

Lo ilógico de esto es que se obligue a las firmas a pagar por crear y sostener el empleo, cuando tendría que ser motivo de reconocimiento de la parte gubernamental, porque si se reducen los puestos de trabajo vienen los problemas sociales y puede generarse un aumento en los delitos. Está claro que ninguno de los tres niveles de Gobierno genera o incrementa el empleo, concretándose a sostener una nómina que por sexenios y trienios es la misma, lo contrario ocurre con los propietarios de empresas grandes y pequeñas que buscan mejorar sus sistemas de producción y ventas, lo que trae como consecuencia que ascienda el número de trabajadores.

Hace unos días el presidente de los comerciantes establecidos, Humberto Martínez, consideró que al haber mejorado la situación económica, luego del bajón que hubo en las ventas durante el año pasado y parte del presente debido a la emergencia sanitaria, es necesario que deje de cobrarse el Impuesto Sobre la Nómina en 2% y regrese al 1.5%. Las razones expuestas por la parte oficial fueron que era necesario tener mayores recursos para hacer frente a la situación, mismos que fueron suficientes y los empresarios aceptaran aportar medio punto porcentual más de lo establecido, pero en estos momentos ya no se justifica que continúe, además que el compromiso fue que una vez superada la contingencia volvería al 1.5%.

Fue una acción que de alguna manera favoreció a varios negocios que suspendieron sus actividades durante varias semanas, o despidieron trabajadores para tratar de atenuar los efectos del cierre o el decrecimiento a casi cero en las ventas, pero a estas alturas, luego de que casi se han normalizado las condiciones, tiene que hacerse el ajuste acordado.

Es positivo que se recuerde el compromiso, no obstante sería más saludable que se impulse la desaparición del ISN, teniéndose en cuenta que son demasiadas las tributaciones que se pagan y que cobran por separado la Federación (vía la Secretaría de Hacienda), el Gobierno del Estado y los municipios. Cada uno esgrime razones que pueden ser válidas, porque requieren de recursos para la ejecución de sus programas y el sostenimiento del aparato burocrático, pero si a ello se le agregan otras gabelas, provoca una reducción mayor del rendimiento que obtienen las empresas, lo que naturalmente se refleja en menos empleos.

COMO DIJERA MANOLÍN

Mira qué suave, los electores los rechazan pero el Instituto Estatal Electoral (IEE) los arropa, entonces cuál es el problema. En efecto, en las elecciones de junio pasado los partidos Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México no obtuvieron el 3% de la votación total emitida, por lo que de acuerdo con la ley quedan fuera, pero el organismo comicial los incluyó para la elección de gobernador que tendrá lugar en 2022 y estarán vigentes hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) disponga su liquidación.

Además, según la norma, aún cuando ya dejen de tener reconocimiento oficial continuarán recibiendo las canonjías previstas en el presente año, al ser un recurso que ya tiene un destino, lo que demuestra lo blanda que es la legislación, toda vez que le suministra recursos a quienes no fueron capaces de atraer la atención ciudadana.

El presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, destacó que para los comicios del año próximo participarán PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento de Regeneración Nacional, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista y se aceptó la acreditación de Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y Fuerza por México, que seguirán presentes en tanto el INE emita la resolución.

Los tres organismos que están en vías de desaparecer seguramente volverán a solicitar su registro para 2024, con la esperanza que esta vez sí puedan interesar al electorado. En el caso de Redes Sociales, sería la tercera vez que lo intente, luego que le fue cancelada la participación tras la elección de 2018; su primer registro lo obtuvo en 2014 como “Partido Encuentro Social” y lo perdió cuatro años después. En 2020 nuevamente solicitó y obtuvo el registro ante el INE pero ahora como “Partido Encuentro Solidario” y participó en las elecciones federales y locales de 2021, pero al igual que la vez anterior el elector lo rechazó. Conocido el camino seguramente que volverán a presentar la documentación para estar otra vez en las boletas en 2024. En todos los casos ha sido encabezado por Hugo Eric Flores, quien sigue la política de la derecha aunque no fue obstáculo para que apoyara a los morenistas hace tres años en la presidencial, con la esperanza de que si ganaba los apuntalara, pero está visto que los mexicanos no aceptan este tipo de alianzas.

Redes Sociales Progresistas (RSP) fundado el 19 de enero de 2019 como asociación civil; el 14 de octubre de 2020 obtuvo el registro como partido político nacional, presentándose en las elecciones de 2021, pero no obtuvo el mínimo del 3% de la votación nacional, por lo que el INE le retiró el registro y está en vías de su cancelación. Los directivos participaron en el PRI, luego fundaron el Partido Nueva Alianza (Panal) y más tarde el RSP, que apenas duró un suspiro en el entarimado político.

Por su parte Fuerza por México fue fundado como asociación civil en 2019 y obtuvo el registro el 14 de octubre de 2020, pero al igual que Redes Sociales y el PES, no alcanzó el 3% de los votos emitidos en junio del presente año, por lo que el 30 de agosto de 2021 el INE le retiró el registro.

En lo descrito se sustenta la participación de los tres partidos que el IEE sigue considerando como parte de la vida electoral del estado, aunque el Instituto tiene como puerta de escape que en cuanto el INE dé a conocer el procedimiento de liquidación automáticamente quedarán fuera y sólo participarían siete organismos en la elección de gobernador.

SEGUIR LA HEBRA

La Fiscalía General del Estado debe investigar quiénes adquieren las bicicletas robadas, porque desde el momento que hay individuos que se dedican a la nada edificante labor de apropiarse de ellas es porque existe el que las compra. El asesinato del trabajador que se dirigía a Ciudad Industrial, para despojarlo de la bicicleta que utilizaba como medio de transporte, no debe quedar sólo con la captura de los presuntos responsables, sino hay que ir más allá y ubicar a quienes pagan unos cuantos pesos por el aparato. De la misma manera que periódicamente se hacen investigaciones y cateos en talleres mecánicos y sitios donde desarman vehículos robados o venden partes automotrices usadas, debe hacerse en los lugares en donde expenden bicicletas de segunda mano, o que los mismos malandrines señalen quiénes son sus compradores. Es la única manera de cerrar el círculo, no hacerlo es dejar que siga el peligro en las calles para centenares de personas que emplean la bicicleta como medio de transporte o de pasatiempo.