Diana Gante
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Si los cambios propuestos en la reforma eléctrica no los resuelve la Suprema Corte y las empresas llevan la discusión a arbitrajes, el Estado mexicano tendría que indemnizarlas con al menos 61 mil millones de dólares.
De acuerdo con estimaciones realizadas por Víctor Ramírez Cabrera, experto en temas eléctricos, dicha cantidad corresponde solo a los proyectos derivados de las tres subastas eléctricas de largo plazo, con 18 mil millones de dólares.
También para las centrales que ya operan bajo las reglas del mercado eléctrico mayorista y cuyo costo para el País sería de 43 mil millones de dólares.
“Yo espero que esto pare en la Corte porque si no el costo va a ser altísimo, el costo que tengo calculado hasta ahorita, tan solo indemnizar a los participantes de subastas de energía eléctrica y del mercado eléctrico es de 61 mil millones de dólares”, advirtió.
El cálculo reconoce los ingresos esperados por los proyectos de las subastas, los pagos por los años faltantes según lo establecido en el contrato y el estimado de los ingresos en el mercado eléctrico mayorista por venta de energía, explicó.
El monto previsto corresponde a lo que México tendría que pagar al perder ante juicios internacionales, donde se reconoce no solo la inversión realizada para la instalación de las centrales, sino también los costos asociados como renta de tierras o compromisos sociales, créditos para financiamiento, ingresos por la venta de energía durante los años que se habían acordado e indemnizaciones establecidas en los contratos, expuso.
En cuanto a las centrales de autoabasto, de las que el Gobierno quiere revisar contratos por considerarlas un esquema ilegal y en su caso revocar permisos, dijo que es difícil realizar una estimación de los costos que tendría para el Estado porque se trata de contratos con cláusulas muy particulares de cada empresa.
Sobre los productores independientes de energía (PIEs), centrales construidas por privados previas a la reforma eléctrica de 2013 y que tienen la finalidad de vender su energía a la CFE, considera que podrían no llegar a esos extremos porque según lo que se propone en las modificaciones es una renegociación, además de que no dejarían de ser despachados.
Recordó que todo ese dinero que el Gobierno mexicano tendría que desembolsar por no hacer las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no implicaría la construcción de ninguna nueva central, por lo que del País pondría en riesgo el suministro eléctrico.
“Si el Estado insiste y las empresas nos llevan a los medios de controversia internacional y México pierde, van a tener que pagar esta cantidad que significa el 30 por ciento del presupuesto de egresos, pero de la federación no significa instalar un clavo más si no es indemnizar lo que ya estaba en operación decir no hay nuevas inversiones lo que nos ancla al subdesarrollo”, señaló.