El Congreso del Estado a través de quien ocupó el cargo de director de Administración en la pasada legislatura, será sancionado con 13 mil 443 pesos por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que pudieran duplicarse o triplicarse, de no cumplir con el mandato, al no haber proporcionado información que transparentara el buen manejo de recursos económicos, dio a conocer el comisionado presidente de dicho organismo, Marcos Tachiquín Ruvalcaba.

Aclaró que el nombre del funcionario del Congreso del Estado, debe ser reservado por cuestiones de índole legal, no obstante, ha sido requerido para el pago de esa multa económica, además se ha conminado también al órgano de control interno, para que se haga lo conducente, a fin de que la información no proporcionada en el segundo semestre de 2020 y el primer trimestre de este 2021, sea transparentada.

Sucede que de acuerdo con las revisiones y solicitudes hechas, se detectó que el Congreso del Estado omitió cumplir con su obligación de transparentar el uso y destino de los recursos económicos, por lo que al no responder al llamado de proporcionar la información debida, se aplicará la multa correspondiente a 150 veces el valor de la UMA, como apercibimiento y es directamente contra el funcionario que omitió los datos.

En lo que se tuvo duda tras la revisión realizada por el ITEA, es en cuanto a las altas en las plazas y las vacantes ocupadas, el ejercicio de egresos presupuestarios, ingresos recibidos por distintas vías, sobre lo que el órgano de control interno, deberá analizar si hay alguna razón de fondo sobre el porqué no hubo transparencia en esa información, lo cual ya no es competencia del Instituto que preside.

Refirió que esa omisión pudiera ser causa de alguna responsabilidad de tipo administrativo, pero es una definición que esté en manos del ITEA, sino de la contraloría interna.

Explicó que la multa va dirigida al Congreso del Estado pero específicamente al funcionario público que tuvo la información a su alcance y que por ser encargado de la administración, tuvo que seguir el proceso de transparencia que por ley se obliga, de ahí que de ser necesario, el personal que estaba o esté en funciones de haber cumplido esa exigencia, podría ser llamado a rendir cuentas o aclaraciones; y si bien la falta se cometió en la legislatura pasada, corresponde a la actual darle seguimiento.

Tachiquín Ruvalcaba comentó que pasaron dos oportunidades previas a la sanción económica que otorgó el Instituto de Transparencia, solicitando que fueran subsanadas las dudas y faltantes de información, sin embargo, no se subsanó la irregularidad y por eso ahora se hizo merecedor a una sanción económica que podría incrementarse de no pagarla y de insistir en no presentar los datos requeridos.