Con frecuencia, escucho a personas que se quejan de la corrupción existente en el gobierno. Pero también noto un tono de resignación, por lo que personas normalmente honorables prefieren convivir con ella, dando mordidas para agilizar trámites, evitar multas, realizar acciones no permitidas por las normas o para obtener favores de funcionarios de gobierno, entre muchas otras formas de corrupción.

Siempre hay un mecanismo de justificación: “me sale más barato”, “pierdo menos tiempo”, “no puedo hacer nada al respecto”, “si no pago, me van a perjudicar”, “de nada sirve denunciar”, “todo sigue igual y no castigan a los corruptos”. Pero la realidad es que se necesitan dos partes para que haya corrupción: el que la ofrece y el que la recibe; y del lado de quien la ofrece, hay muchos cómplices en los procesos de corrupción.

Hay formas de corrupción que más bien son extorsiones, como las que realizan los policías cuando detienen a conductores y transportistas para exigirles dinero, incluso si todo está en regla.

Por otra parte, tenemos a la gran corrupción, la cual es enormemente dañina porque no sólo los montos involucrados son mucho mayores, sino que la afectación al bien público se multiplica. Un tren o un metro mal hecho, o un sistema de salud deficiente, causa muertes.

Pero esta corrupción se oculta mejor, pues para descubrirla se requieren investigaciones especiales de lavado de dinero, auditorías forenses y otro tipo de herramientas que sólo están al alcance del propio gobierno, ya sea a través de la Secretaría de la Función Pública, de la Unidad de Inteligencia Financiera o a través de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando estas instancias no funcionan o su libertad de acción se ve limitada, la gran corrupción prolifera.

Recientemente se han dado a conocer reportajes que implican a la familia del presidente López Obrador en actos de corrupción y tráfico de influencias. Llama la atención que ante estos reportajes y notas periodísticas, las instancias de fiscalización e investigación correspondientes, tales como la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Anticorrupción o la Secretaría de la Función Pública, no hayan manifestado públicamente que se investigarán estas denuncias.

Tampoco observamos una instrucción presidencial para que se investiguen estos reportajes por las instancias mencionadas, para ver si las denuncias y las supuestas pruebas tienen méritos. Lo que hay es una gran ausencia de acciones por parte de las autoridades encargadas de combatir la corrupción en torno a estas revelaciones o, por lo menos, un gran silencio en torno a ellas. Ni qué decir del Sistema Nacional Anticorrupción, que tampoco se ha pronunciado al respecto y con lo cual se manifiesta una vez más su falta de eficacia.

En contraste, recuerdo el caso de la «Casa Blanca de las Lomas», en donde el presidente Peña salió a disculparse y a ordenar una investigación al Secretario de la Función Pública para dilucidar si existió conflicto de interés en la adquisición de dicha mansión. Como era de esperarse, dado el propio conflicto de interés que había en que un subordinado investigara al presidente y no una instancia independiente, la investigación acabó exonerando al presidente Peña y a su esposa.

Pero por lo menos hubo investigación y los resultados de ésta se pusieron a disposición de todo el público a través de internet, aunque ya no están disponibles. Estas revelaciones detuvieron la construcción del tren a Querétaro, y la ex primera dama tuvo que deshacerse de esa casa.

Urge retomar el combate a la corrupción de manera decidida para evitar el enorme daño que ésta le causa al país. Esperemos que sea una prioridad para el próximo presidente y ojalá los empresarios que hacen negocios mediante la corrupción tomen conciencia del daño que le hacen al país, para que dejen de ser cómplices en estos procesos.