Por: Octavio Díaz García de León
El domingo 13 de noviembre tuvieron lugar manifestaciones en muchas ciudades de México para protestar en contra de la propuesta de reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador y su partido. Estas manifestaciones ocurrieron porque se advierten peligros de retroceso democrático en los avances que se han logrado en materia electoral.
El sistema electoral que México ha venido construyendo ha permitido la alternancia en el poder de manera pacífica, no sólo a nivel federal sino en los estados y municipios. Por primera vez desde que nuestro país alcanzó la independencia, se han creado mecanismos confiables para que opciones ideológicas y grupos políticos diversos puedan acceder al poder sin recurrir a la violencia, como se ha demostrado en estas últimas dos décadas.
Este sistema no es perfecto. Los riesgos de corrupción en los organismos electorales no sólo están en el manejo de recursos para su operación interna, sino, de manera más relevante, en su actividad sustantiva.
Esto se debe a que las decisiones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al afectar el resultado de las elecciones y la vida interna de los partidos, afectan también los intereses y recursos que se manejan, tanto en las campañas, como en los partidos, los cuales son muy cuantiosos.
Una manera de abatir esos riesgos es fortalecer los mecanismos de vigilancia que tienen estos organismos. El INE, por ejemplo, cuenta con una contraloría cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, al depender de los diputados que representan a sus partidos, podría estar sujeto a presiones que le impidan un funcionamiento imparcial.
Por otra parte, el TEPJF tiene esquemas de control interno débiles. Su contraloría sólo fiscaliza aspectos administrativos y su ámbito de competencia es sólo con personal no jurisdiccional. Los magistrados de la Sala Superior sólo se pueden investigar y sancionar ellos mismos y para el resto del personal quien los puede sancionar es la Comisión de Administración, en donde participan tres Consejeros de la Judicatura y dos magistrados de Sala Superior, con el posible riesgo de parcialidad en sus resoluciones.
Un indicio de estos riesgos de corrupción se dio con la revelación que hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, del supuesto intercambio de mensajes entre el entonces presidente del TEPJF, Felipe Fuentes, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en donde, de ser cierto, se evidencia un tráfico de influencias con intercambio de favores entre autoridades electorales y actores políticos.
Este tipo de denuncias las debe investigar una autoridad independiente al TEPJF, ya que actualmente las responsabilidades administrativas en que incurren los magistrados de la Sala Superior se investigan y resuelven en la misma Sala Superior. En los mensajes presentados por la gobernadora Sansores, se da a entender que todos los magistrados de la Sala Superior podrían estar involucrados en el tráfico de influencias. Entonces, no habría forma de investigar y sancionar este caso de manera imparcial.
Los riesgos de corrupción en las instituciones electorales se pueden mitigar mediante un buen control interno y mediante una fiscalización externa independiente. El INE tiene la ventaja de que el contralor es nombrado por la Cámara de Diputados, pero en el TEPJF, donde todo se resuelve por empleados del propio Tribunal, quienes responden a los magistrados de la Sala Superior, existe la necesidad de crear una instancia de control interno con mayor autonomía para que sea eficaz. Ojalá la discusión sobre el tema electoral se enfoque más en cómo combatir la corrupción al interior de estas instituciones y no en otras reformas que no contribuyen a favorecer la democracia.
