Por: Octavio Díaz García de León

La idea: Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó su Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) en materia de compras públicas. Este índice y el estudio que lo respalda constituye una buena herramienta para combatir la corrupción. Ojalá las autoridades responsables analicen estos hallazgos y tomen cartas en el asunto.

El estudio realizado por el IMCO es muy exhaustivo, pues analizó medio millón de procesos de compra entre 2018 y 2020 que representan un monto de 1.18 billones de pesos. El resultado más relevante de este estudio fue que “entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales (59%) por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley”.

Algunos aspectos del estudio son los siguientes:

Artículo primero. El artículo primero de la LAASSP prevé diversas excepciones para la no aplicación de esta Ley. La utilización de las excepciones que plantea este artículo dio origen al mecanismo de la “Estafa Maestra”. El año pasado se reformó dicho artículo con el único propósito de dar entrada a las compras de insumos médicos vía la UNOPS, lo cual también representa un riesgo de corrupción por la opacidad de estas adquisiciones y porque dicha institución no cumple con las leyes mexicanas. Esta reforma está siendo analizada para su posible invalidación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adjudicaciones directas. Con la información que tiene el IMCO valdría la pena realizar un análisis de las causas de excepción a la licitación invocadas por las instituciones del Gobierno, para diferenciar el riesgo de corrupción. Por ejemplo, se ha abusado de las excepciones por razones de seguridad nacional, pero, por otra parte, algunas otras permiten atender emergencias, por lo que sería importante no eliminarlas.

Invitación a cuando menos tres. Esta modalidad presenta riesgos de corrupción similares a la de adjudicación directa. Se suele usar para disimular la adjudicación directa al estar predeterminado quién va a ser el proveedor adjudicado. Incluso se dan casos de empresas que sólo dan cotizaciones sin tener intención de ser proveedores para simular el procedimiento, ya sea a cambio de un pago o con el compromiso de ser adjudicadas en la próxima adquisición.

Licitaciones públicas. Este mecanismo es más transparente y bien aplicado reduce riesgos de corrupción, pero también se dan muchos casos de licitaciones dirigidas o amañadas. Una manera de detectar esta situación es analizando las inconformidades que presentan los proveedores y ver cómo resuelve al respecto la Secretaría de la Función Pública. Se dan casos en que pocas empresas, a veces sólo una, participan en las licitaciones porque las demás prefieren no ser comparsas de procedimientos dirigidos.

Del estudio del IMCO resulta muy importante que todos los incumplimientos a la ley detectados en este estudio sean denunciados a las autoridades competentes, quienes tendrán la obligación de investigarlos para, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos.

En el caso de la UNOPS habría que pedir a las autoridades que la contrataron, soliciten que se transparenten las adquisiciones que ha realizado. También que reconsideren la contratación de este organismo ya que podría contravenir el Artículo 134 de la Constitución, resulta demasiado caro y no se justifica, pues desde hace décadas que existe en el Gobierno capacidad para realizar las compras de insumos médicos a nivel internacional.

En un futuro también sería conveniente incluir en el Índice de Riesgos de Corrupción a las entidades federativas como es el caso de Aguascalientes, usando la herramienta que desarrolló el IMCO para ello.

Es de agradecer al IMCO que realice este tipo de estudios para ayudar a combatir la corrupción, por ser un problema que daña la competitividad del país al generar distorsiones en los mercados.