Lic. René Urrutia de la Vega.
El pasado día 2 de noviembre se llevó a cabo en Aguascalientes una reunión de Coordinación en materia de seguridad pública y justicia penal, cumpliendo a una convocatoria generada por iniciativa de la Gobernadora del Estado, a la que atendieron los titulares de diversas áreas de las Secretarías de Seguridad Pública y de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, a quienes se sumaron los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en cada uno de los cuatro estados participantes en la reunión interestatal.
Pero ¿qué importancia tiene una reunión de este tipo y en esta materia? Por supuesto que se trata de un acontecimiento de la mayor trascendencia a nivel nacional y, claro está, para la zona bajío, puesto que implica el reconocimiento de la necesidad de tener una estrecha coordinación entre las autoridades de los Gobiernos Estatales y Federal en lo que a seguridad pública y justicia penal se refiere. La coordinación estratégica y eficiente entre las distintas autoridades encargadas de estas tareas es un factor fundamental e indispensable para el éxito de las estrategias que deben implementarse para mejorar las condiciones de la población, que redunden en un clima cada vez más seguro y en paz, lo cual definitivamente no podría lograrse del todo y en forma efectiva si no se genera una comunicación abierta y asertiva.
Debemos tener presente que la competencia tiene que ver, por un lado, con límites territoriales, es decir, con la jurisdicción que ejerce cada una de las autoridades para actuar y mantener su esfera de control y vigilancia dentro de sus respectivos territorios y, por otra parte, que existe también una competencia relativa a los distintos niveles de gobierno, de manera que podemos hablar de una competencia local o del fuero común, que corresponde a las autoridades de los estados y una competencia federal, que corresponde al Gobierno de la República. A la primera, le compete el conocimiento de las conductas previstas por el Código Penal de cada uno de los estados, respecto de hechos o conductas que se contemplan como delitos y que causan efectos dentro de su territorio y a su población, mientras que a la segunda competen aquellas manifestaciones criminales que tienen una repercusión de mayor gravedad y que afecta a todo el territorio nacional, con independencia del territorio en el que se realicen los eventos o conductas punibles, se trata de asuntos que tienen que ver con situaciones y temáticas que nuestra legislación reserva su conocimiento a las autoridades federales, que deben contar con una capacidad logística, jurídica y operativa mayor para hacerles frente y que representan el nivel más alto en cuanto a la gravedad de sus efectos, o bien, que generan una afectación directa a instituciones, dependencias o materias que pertenecen o corresponden al Gobierno Federal.
Sin embargo, no debemos, tampoco, perder de vista que los delincuentes o grupos de delincuentes no se organizan de la misma manera, no tienen división de tareas o de actividades dependiendo de la competencia que para su atención y combate se prevea por parte de las diversas autoridades, sino que actúan indistintamente en los territorios y en las materias sin importarles a qué autoridad corresponde combatirlos o impedir que lleven a cabo sus actos delictivos, de forma tal que lo mismo pueden ser investigados y detenidos por la comisión de delitos del fuero común como del fuero federal, en forma conjunta o separada y es por ello que resulta fundamental tener una estrecha comunicación y coordinación asertivas entre todas las autoridades.
Es por ello, además, que la convocatoria elevada a los Estados de la región por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes constituye un acierto mayor y nos lleva a asumir una obligación permanente y continua de seguimiento de acuerdos y de mantenimiento de acciones estratégicas que permita inhibir y combatir a la delincuencia con eficacia, independientemente de la competencia, en un verdadero ámbito de colaboración estrecha que, lejos de repartir culpas, asuma responsabilidades y genere aciertos cada vez más significativos, puesto que las condiciones que presenta el tema en todos los estados es cada vez más complejo y merece una atención exenta de cualquier tipo de condicionamiento que impida su materialización y la obtención de resultados.
En lo particular, celebro y reconozco el esfuerzo realizado a iniciativa del Gobierno de Aguascalientes y atendido por los otros gobiernos y la federación, hago votos porque cada autoridad de cada entidad federativa asuma con entereza y responsabilidad los acuerdos y compromisos asumidos para generar resultados visibles y reales. Los acontecimientos recientes así lo exigen, la violencia registrada en las últimas semanas específicamente en las carreteras y límites de Aguascalientes con los estados vecinos hace que sea indispensable el acercamiento, cada uno debe hacer la tarea que le corresponde y unir esfuerzos en aras de un interés común, el de generar paz y tranquilidad a los ciudadanos a los que nos debemos.
