Por: Octavio Díaz García de León

Durante décadas, la región donde confluyen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa ha sido como un triángulo de las Bermudas para el Estado mexicano. Un lugar de difícil acceso y donde prácticamente el territorio se ha entregado a los cárteles de la delincuencia organizada quienes gobiernan allí bajo la ley del más fuerte.

Dentro de esa narco-región, la población que padece esas circunstancias sobrevive mediante acuerdos frágiles con los factores de poder. Pero este equilibrio precario y los acuerdos de convivencia se rompieron violentamente hace algunos días.

Dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas fueron asesinados en un pueblo de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. No debería ser noticia porque todos los días hay matanzas por todo el país, pero en este caso tuvo repercusiones nacionales e internacionales por tratarse de jesuitas. La violencia alcanzó a este par de misioneros que habían consagrado su vida a los pobres, en su mayoría indígenas rarámuris, en una región con grandes carencias, aislamiento, peligro y pobreza.

El crimen ocurrió en Cerocahui, ubicado en la ruta turística del tren Chihuahua al Pacífico (Che-Pe).  El único hotel del lugar, destinado al turismo del Che-Pe, está a un lado del templo jesuita donde se cometieron los asesinatos.

Estuve allí no hace mucho, pero hubo algunos detalles inquietantes. No se observa presencia de policías o militares a pesar de que es sabido que esa zona es dominada por la delincuencia organizada.

Los delincuentes se abstienen de molestar a los visitantes. Sin embargo,  parece que toman sus precauciones. Los tours son manejados por operadores turísticos del hotel, quienes se encargan de transportar a los turistas y casi nadie se traslada por la sierra si no es con ellos. Es probable que estos operadores sean gente de confianza de los narcotraficantes que allí gobiernan.

Esto lo deduzco por lo que me comentó uno de los turistas con los que coincidí. Me decía que tuvo la impresión de que había personas, que no eran rarámuris, vigilándonos con el pretexto de ofrecer artesanías. También me dijo que escuchó la plática que el operador del transporte tuvo con uno de estos posibles vigías, cuando nos llevó al mirador del Cerro del Gallego. El chofer presumía, hablando en clave, su experiencia en labores de cultivo y tráfico de drogas, quizá pensando que no le entenderían o que no le escuchaban.

Llama la atención cómo en esta región tan peligrosa se desarrolla el turismo y se permite que los visitantes, aunque vigilados y acotados, quizá sin saberlo, se asomen a las bellezas de la zona. Pero no solo el turismo florece. Los misioneros jesuitas quienes por siglos han realizado labores de evangelización y ayuda a los indígenas en esos territorios, han podido continuar su labor, así como los rarámuris y otros habitantes ajenos a la delincuencia.

La convivencia forzada a través de acuerdos tácitos entre los delincuentes y los habitantes de la zona, se da en medio de la ausencia de autoridades estatales o federales en esos lugares. El rompimiento de ese pacto por los lamentables asesinatos, sirvió para que la Guardia Nacional, el Ejército y hasta la gobernadora de Chihuahua se fueran a dar una vuelta a Cerocahui, no en plan de turistas, pero casi.

En unos días más, estas autoridades se irán y todo volverá a la narco-normalidad. Es muy probable que no encuentren al asesino material en las inmensidades de esa sierra que oculta de todo y siga impune, a pesar de que es buscado desde hace años por otros asesinatos.

Pero las vidas de los sacrificados, víctimas de estos arreglos de convivencia perversos,  no regresarán. En la sierra de Chihuahua, como en muchas zonas del país, el Estado mexicano se rehúsa a gobernar y deja a su suerte a quienes tienen que negociar con delincuentes que les permitan vivir… en paz. Y no siempre ocurre así.