Garantizar los derechos de la ciudadanía por el Estado obliga a las instituciones públicas a cambiar radicalmente del modelo punitivo hacia la resolución de conflictos como el principal método que haga efectivo lo que señala la ley en beneficio de las personas. Así lo señaló el abogado y catedrático de la UAA, Sergio Rodríguez Prieto.
Argumentó que el Estado debe dejar de ser un policía que se concentra en castigar, cuando debe facilitar los mecanismos y normas para una política práctica donde las personas encuentren el acceso a justicia, salud, vivienda y a todos los derechos como lo señala el artículo primero de la constitución.
Mencionó que tradicionalmente, la enseñanza jurídica está pensada para el pasado, donde la autoridad es punitiva, cuando esto debe ejercerse en casos extremos y no como regla general. Dijo también que el modelo del Poder Judicial también debe modificarse para convertirse en Sistemas Judiciales de Resolución de Conflictos, que dejen atrás formalismos judiciales, que se concentran en la norma, cuando deben buscar la solución de problemas.
Subrayó que modificar todas las estructuras del Estado para hacer efectivos derechos implica que se enseñe desde las universidades a los abogados este esquema alejándose de la enseñanza tradicionalista de la teoría, y se realicen los ajustes de procesos administrativos y la naturaleza jurídica de las instituciones.
ATORADOS. Rodríguez Prieto dijo que el Poder Legislativo juega un papel importante en la creación de nuevas reglas y creación legislativa. Sin embargo, en vez de crear nuevos sistema de resolución de conflictos, se sigue pensando en arreglar problemas actuales con la corrección de una línea a un código viejo.
“Las condiciones jurídicas de las instituciones del país y las condiciones de enseñanza jurídica deben transformarse porque son obsoletas, para adecuarse en las garantías que son el mecanismo idóneo para ejercer ese derecho. Todas las instituciones del Estado deben adecuar sus procedimientos…” Sergio Rodríguez
