Si en un grupo de seis, cuatro son mujeres, es justo que una de ellas tome el mando, es la reflexión que se hace al interior de la diputación electa del Partido Revolucionario Institucional, lo que podría hacer crujir la necesaria unión que debe existir por las circunstancia en que llegarán.
En el curso de esta semana o más tardar en la siguiente quedará dilucidado quién tomará el mando, que desde un principio ha estado reservado para Sergio Reynoso Talamantes, a quien en los últimos días le disputan las damas y no sólo ellas sino también David Nájera Moreno, al que le comentan en corto que es el único que es líder de un sector (el agrario), por lo que nadie mejor que él para coordinarlos.
Aunque no es una regla escrita, la tradición es que entre ellos se pongan de acuerdo, pero siempre teniendo en cuenta la opinión del partido a nivel local, sin embargo esta vez se ha mantenido ajeno, totalmente enfocado a la impugnación de la elección de gobernador, por lo que existe la posibilidad de que el enviado del Comité Nacional dicte la última palabra, pero sería algo que no dejaría satisfechos a los demás ya que el cargo es eminentemente político, por ello las zancadillas y los empujones.
La situación no es menor, porque quien quede estará en la Comisión de Coordinación Política, misma que presidirá el Partido Acción Nacional al constituir la mayoría de la nueva Legislatura, lo que obliga a los demás representantes partidistas a mantener una constante e intensa negociación para sacar adelante las actividades del Congreso y esto lo hará quien tenga experiencia política y conocimientos jurídicos, cualidades que sin duda poseen varios de los seis. La cuestión está en que quien quede haga un buen equipo para sacar adelante los proyectos.
Es axiomático que el tricolor debería ponerle mayor atención a la diputación electa, teniendo en cuenta que será su (casi) único capital político para los próximos tres años, por lo que si no cuida la unidad será más difícil la recuperación que desde ahora debería estar buscando.
Mientras hacen su lucha algunas de las diputadas, el Comité Estatal del PRI no ha comenzado con los cursos de inducción que cada tres años se organiza para los legisladores electos, que tiene la finalidad de que conozcan desde cómo conducirse en las sesiones, de las intervenciones que tengan, del conocimiento sobre el trabajo que van a desempeñar y cuál es su papel ante la sociedad, entre otros menesteres indispensables para hacer una buena labor.
En las condiciones que estarán, por ser minoría, exige que la bancada esté preparada para enfrentar cualquier situación, que aún cuando carezca de los votos suficientes pueden lograr mucho con capacidad, inteligencia y habilidad, por ello la importancia de los programas de información y razonamiento que a estas alturas ya deberían llevarse a cabo y que además sirven para hacer un trabajo más analítico.
La situación no es menor, porque si no se preparan dejarán que otros grupos impongan sus criterios, máxime que ninguno de los seis tiene experiencia legislativa, por lo que precisan adentrarse en las funciones que acometerán a partir del 15 de noviembre, que al mismo tiempo les servirá para programar y cumplir los compromisos de campaña, que es otra de las razones de los cursos de inducción.
AMENAZAS DE PAPEL
Así, de pronto, se supone que al fin hubo quien le puso el cascabel al gato, pero si se revisa los antecedentes pues resulta que no, que es una vacilada más, que es algo para entretener a las galerías mientras se llega la hora de decir hasta pronto.
El presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo anunció con bombos y platillos que demandó a la empresa CAASA, luego de que comprobó que durante 10 años ha cobrado indebidamente una tarifa más cara a lo autorizado, y que representa una cantidad de 70 millones de pesos.
En el litigio que dice tiene lugar se le exige a la concesionaria que devuelva el dinero y reduzca las tarifas, pero claro está que la firma francomexicana no iba a quedarse cruzada de brazos y ya logró un amparo federal, con lo que hace tiempo para que con el cambio de administración pueda llegar a un “mejor arreglo”.
Podrá preguntarse, caro lector o lectora, el porqué se menciona que es una vacilada más esto del litigio y la respuesta se encuentra en una declaración que hizo el 30 de septiembre de 2015 el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso y publicada al día siguiente en este Diario.
El funcionario señaló que el gobierno de la ciudad no permitiría el aumento a las tarifas del servicio de agua potable, aún cuando CAASA se justifique con el supuesto déficit de 12 millones de pesos que presenta derivado de que las cuentas de morosos se incrementan: “Es algo que no podemos permitir porque afectaría directamente a los bolsillos de los ciudadanos aunque CAASA argumente que la nueva Ley de Aguas y la prohibición de cortes han mermado los ingresos de la empresa, no pueden aplicar a su criterio incrementos en la tarifa de agua, estaremos al pendiente de cómo se van registrando los cobros en los recibos”.
De manera tajante, Cortina Reynoso afirmó que en caso de detectar alzas no autorizadas, podrían aplicarse sanciones “que llegarían hasta el retiro de la concesión”, amenaza que de ninguna manera es exclusiva de él puesto que se ha hecho en el tiempo de los ex alcaldes Martín Orozco, Gabriel Arellano y Lorena Martínez.
En este caso se detecta que, si efectivamente CAASA tiene 10 años cobrando de más, es una muestra que no hay quien ejerza una vigilancia de lo que hace, porque aún cuando está por ahí CCAPAMA, en la práctica no tiene dominio legal y que sólo, de vez en cuando, asusta con el petate del muerto.
Es poco lo que puede esperarse del pleito, que afirma el alcalde Martín del Campo tiene lugar, ya que él mismo señala que en un término de tres meses podría emitirse sentencia, lapso que no es seguro puesto que puede alargarse con la defensa que haga la empresa para llegar al nuevo año en el mismo estatus.
Cada administración municipal ha pretendido someter a la compañía, pero hábilmente ésta se desmarca dejando correr el tiempo y mientras le encuentran otra presunta falla puede prepararse para enfrentar la nueva exigencia y así se la ha ido llevando desde 1994, y que como dijera el de junto, así será hasta la consumación de la concesión.
TACOS DE SALIVA
La inflexibilidad de que hizo gala en su tiempo como Procurador General de Justicia en Aguascalientes (2010-2015), al asegurar que enviaría a la cárcel a por lo menos 30 funcionarios de la administración estatal anterior, es la misma que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez aplica en Colima. En su toma de protesta como Procurador ofreció que si en seis meses no mejoraba la percepción de la seguridad en el estado, presentaría su renuncia, plazo que justamente se cumplió ayer. Argumenta que ha cumplido, puesto que los homicidios están a la baja y que además cuenta con el apoyo del Congreso local, sin embargo, de acuerdo a una información de El Universal del pasado 26 de julio, Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que hace seis años ocupaba el decimocuarto sitio. Las cifras no dejan lugar a dudas: en el primer semestre de 2016, Colima registró 39.01 asesinatos por cada 100 mil habitantes, Guerrero 29.32, Sinaloa 17.14, Morelos 14.41 y Baja California 14.23. En lo que se refiere a los 30 ex funcionarios de Aguascalientes que Vázquez Muñoz se comprometió a llevar tras las rejas no hay ninguno, sólo procesos abiertos que siguen en el cajón de los pendientes.
