Aunque México presume de ser una república federalista, en la práctica es centralista, en función que todo depende de lo que decida quien está al frente del país, por consiguiente estados y municipios deben esperar a que fluya el financiamiento al que tienen derecho y que por lo regular llega hasta mediados de año o durante el tercer trimestre, lo que retrasa los proyectos y la obra pública en general afectando la economía de cada localidad, pero en ocasiones se reduce o elimina lo acordado que obliga a cancelar las acciones programadas.

Para terminar con esta extrema dependencia del presupuesto, desde hace muchos años se ha exigido que cambie el reparto de la bolsa nacional para que el 50% sea para el gobierno federal y el 50% restante entregado a partes iguales a estados y municipios. Actualmente la Federación se queda con el 80% y envía 16% a los estados y 4% a los municipios.

Con lo anterior, de alguna manera las administraciones locales se ajustaban con lo establecido, pese a que tenían que esperar a que llegara un poco tarde el recurso, pero por sistema no se truncaba no lo cancelaban, lo cual permitía cumplir lo comprometido con los habitantes.

Lo opuesto sucede ahora en que nada está seguro, como recién lo acaba de señalar el gobernador Martín Orozco Sandoval, al prevenir que habrá recortes federales que se destinarían para educación y salud, entre otras áreas.

En Aguascalientes, las disposiciones de la administración lópezobradorista perjudicará directamente el programa de impartición del idioma inglés y las escuelas de tiempo completo, que no podrá sostener el gobierno estatal ya que el recorte es del 65 y 10 por ciento, respectivamente.

Tal parece que la cátedra de la lengua inglesa en el sistema educativo estatal padece de mal fario, porque en varias ocasiones se ha tenido que suspender, no obstante que está reconocido como un idioma universal y que por la vecindad con Estados Unidos es casi obligatorio que las nuevas generaciones lo dominen, pero que todo indica es algo que importa un comino tratándose de cercenar el gasto federal.

Por si fuera poco, Orozco Sandoval adelantó que para octubre el Sector Salud enfrentará un déficit de 500 millones de pesos, por lo que a nivel estatal se implementarán medidas de ahorro y austeridad en el gasto operativo, cono una acción indispensable para salir a flote de manera temporal en lo que resta del año y considerando que pudiera seguir así hasta 2022 en que concluye su administración.

Entre preocupado y molesto al verse obligado a frenar el crecimiento en esos y otros sectores, el mandatario dijo que esta situación federal “nos hace convertirnos (a los gobernadores) en expertos en finanzas. Yo estoy preparado para aguantar a media tabla 2019 y 2020, de acuerdo a mi proyección de disciplina financiera. Espero que no se prolongue más de un año o que se tomen otras decisiones en materia fiscal”.

Ante ese panorama grisáceo, el titular del Poder Ejecutivo adelantó que se lleva a cabo un análisis de diversos programas, para considerar cuáles  podrían desparecer en el peor de los casos, sin tocar rubros como seguridad pública y desarrollo social, lo que dependerá de las futuras decisiones de la administración federal.

Lo que podría salvar la situación son los subejercicios en la Federación, por lo que “yo espero que se retome el rumbo, que se tomen las decisiones correctas, pero también en cada mañanera me decepciono, por la parte de no entender que las cosas sí van mal”.

Ante la concentración de poder que domina el panorama es difícil que pudiera prosperar la idea de la retribución de los recursos, pero hay que seguir insistiendo ante el Congreso de la Unión para que se legisle un cambio que permita acceder a mayores recursos del ingreso público nacional y así depender lo menos posible de las decisiones condensadas.

SEMBRADOR DE DUDAS

¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿En qué dependencias trabajaron? Son entre otras las preguntas que le formularon a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en su visita a Aguascalientes afirmó que se investiga casos de corrupción en el sexenio pasado, pero que no podía dar detalles porque las investigaciones están en curso.

Con lo anterior deja que cada quien interprete a dónde apuntan los dardos, aunque es posible que los presuntos implicados sean los mismos que ha ventilado el organismo estatal anticorrupción sin que vaya más allá de las declaraciones, o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que periódicamente los saca a la luz para acalambrar a quienes se menciona.

De cualquier manera, el cargo que ostenta Nieto Castillo le permite placearse por el país y aprovechar para firmar protocolos con los gobiernos locales.

El funcionario declaró que la UIF indaga temas de presunta corrupción y posible desvío de recursos públicos, por lo cual “estamos investigando temas de corrupción, particularmente de la administración anterior en donde consideramos podría haber un tema de desvío de recursos públicos y que evidentemente es una de las posiciones y de las instrucciones que yo tengo del Presidente de la República, y de todo este tipo de casos llevarlos ante las instancias competentes”.

En este punto fue cuando se negó a ventilar pormenores, al argumentar que “no puedo dar datos, porque estamos en proceso de investigación”, además “hemos encontrado en Aguascalientes cuentas puente, es decir, cuentas donde tienen poca permanencia los recursos, llegan a una cuenta y de ahí se extraen en efectivo, y por otro lado operativos no acordes con el perfil, personas muy jóvenes que tienen operaciones millonarias, y pues no correspondería con el perfil de un usuario-cliente”.

Pero de ello, reiteró, “no puedo dar mayores datos, tenemos dos investigaciones”, de las que ya se entregaron los avances a la Fiscalía General del Estado, asimismo hay 65 mil reportes en Aguascalientes, “relevantes o inusuales”, que impliquen operaciones por más de 10 mil dólares, lo cual “no significa que los 65 mil sean temas relacionados con actos de corrupción o actos ilícitos, simple y sencillamente son el reporte del Sistema Nacional Financiero” y a partir de ahí se hacen las investigaciones.

En resumen, dijo mucho sin decir nada, dejando que cada quien haga sus conjeturas.

AYUNTAMIENTO PLURAL

Al ser el municipio más numeroso en votantes y habitantes en general, Aguascalientes atrae la atención política y más tratándose de la integración del Cabildo, ya que entre más representantes tenga de los diferentes partidos será mejor para la ciudadanía.

Por más que se empeñó Morena en tener el mayor número de regidores, finalmente la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón al Instituto Estatal Electoral (IEE), que desde un principio hizo el reparto de acuerdo con lo establecido en la ley.

En estas condiciones, el Cabildo que habrá de encabezar Teresa Jiménez, la recién reelecta alcaldesa, se integrará con 7 regidores y dos síndicos del Partido Acción Nacional, por tres de Morena (Berenice Ramos, Francisco Quezada y Karola Macías), dos del PRI (Citlali Rodríguez y Tagosam Salazar) y dos del PRD (Oscar Estrada y Sanjuana Martínez).

Quienes se quedaron a la vera del camino fueron Araceli Galaviz García, Francisco Díaz de León Nieto y Abel Hernández Palos, todos ellos de Morena, que recurrieron a distintas instancias en demanda que se reconsiderara el reparto que hizo el IEE, para ello presentaron diversos argumentos, pero a final de cuentas no prosperaron por lo que todo queda como se dictaminó desde un principio.

Con el ingreso al cuerpo edilicio de Citlalli Rodríguez se demuestra que el lorenismo está más vivo que nunca, aún cuando quien encabeza este grupo anunció el año pasado su retiro definitivo del escenario político y que junto con Tagosam Salazar será una dupla que puede darle mayor empuje al órgano colegiado, teniendo en cuenta su experiencia como diputados.

VIOLENCIA INCONTENIBLE

El despliegue de tropas federales a varios estados no han logrado frenar la sangría que sigue en ascenso en el país, constituyendo el mes de junio el más violento del año, según reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En los 30 días se consignó un total de 2 mil 560 homicidios dolosos, cifra que superó a mayo, que registró 2 mil 473 denuncias por este delito en la República, lo que significa que México tiene un saldo superior en muertes brutales que países en guerra y lo más grave es que va en crecimiento desde principios de año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que en los primeros seis meses de su gobierno acabaría con esta situación, pero el pasado martes 23 de julio confesó que la cifra de asesinatos no se ha reducido, incluso, del 1 al 22 de julio se cometieron mil 677 homicidios dolosos,  con un promedio de 76.2 diarios.

“Les puedo decir que, así como no hemos podido bajar la incidencia de homicidios, sí hemos bajado considerablemente el robo de vehículos, ahí sí ha habido una disminución, que son los dos delitos que nos sirve más para saber cómo vamos, porque en estos delitos no hay cifra negra”, dijo en conferencia de prensa.

Refirió que “hay 10 estados que son los que nos alteran el promedio de homicidios, entre otros delitos (…), como Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz, hasta ahí me quedo para no estar inventando. Pero si se tienen 68 y en otro estado se cometen 10, hay veces que, de las 32 entidades, hay veces que en la mitad no hay homicidios, o sea, en 16 no siempre, pero se da. Entonces sí tiene mucho que ver con el llamado crimen organizado, en el caso de homicidios”.

Por meses, en enero fueron  2 mil 461; en febrero 2 mil 377; en marzo 2 mil 425 y en abril 2 mil 307. Entre mayo y junio Baja California reportó un aumento de homicidios al pasar de 230 a 238, pese a los operativos del Ejército y las fuerzas policiales. Chiapas pasó de 38 a 45 denuncias; Hidalgo, de 21 a 31; Jalisco, de 155 a 180; Michoacán, de 107 a 144; Morelos, de 68 a 73; Nuevo León, de de 78 a 85; Oaxaca, de 86 a 98, y Quintana Roo, de 32 a 48.

Sonora está en un renglón aparte, ya que en el mismo período incrementó la cifra de homicidios dolosos de 65 a 158, mientras que Veracruz aumentó de 197 a 211

De enero a junio el SNSP sumó 14 mil 603 homicidios dolosos, en comparación con los 13 mil 985 casos que se presentaron en el mismo período de 2018, esto es, un incremento de 4.4 por ciento.

Como es común, López Obrador responsabilizó de la situación a sus antagonistas: “En el caso de la violencia no hemos podido avanzar, porque es un asunto complejo, porque se dedicaron nuestros adversarios a saquear, a robar y no atendieron las causas”.

Cualquiera que sean las razones que inciden para que sigan incrementándose estos acontecimientos, hoy es su responsabilidad y es la que debe atender con la celeridad que las circunstancias exigen, teniendo en cuenta que la mayoría de los fallecidos son jóvenes o personas en plena edad madura, que por las razones que sean se pierden para siempre, dejando una estela de luto y dolor en miles de familias.

DEBATIDO CESE

La salida de Gonzalo Hernández Licona, del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es un paso más que da la Presidencia de la República para desaparecer o ejercer control absoluto sobre los organismos autónomos, principalmente de aquellos que puedan significar un problema a la hora de analizar y cotejar cifras.

Considerado uno de los funcionarios más eficientes en la administración pública y que siempre supo mantener una distancia prudente entre el Coneval y la administración pública durante los 13 años que estuvo al frente, no en pocas ocasiones causó escozor en las dependencias que recibían  un informe debajo de lo esperado. Hernández Licona afirmó que se va con el orgullo de no haber aplicado medidas de austeridad que afectaban las tareas sustantivas que tenían encomendadas.

En entrevista con Reforma, el fundador de Coneval, que estuvo al frente desde agosto de 2005, explicó que hubo tres medidas que las secretarías de Bienestar y Hacienda le pidieron para generar ahorros: reducir en 20 por ciento el costo de la estructura, desaparecer las direcciones generales adjuntas y reducir el costo de los estudios e investigaciones.

Dijo que se negó a aplicar cada una de esas medidas, pero se retuvieron 48.7 millones de pesos que la Cámara de Diputados había aprobado en diciembre pasado para estudios e investigaciones, “Bienestar reservó ese dinero para no usarlo nosotros, pero la reducción del 20 por ciento en las direcciones generales adjuntas no se hizo porque no quisimos, porque no quise”.

Dichas direcciones son vitales para el Coneval, puesto que ahí se encuentran los especialistas que realizan el trabajo técnico. Es un organismo que no tiene como las secretarías, donde hay subsecretarios, jefes de unidad, jefes de coordinación, director general, director general adjunto, director de área, mientras que en el Coneval está el director general que era Hernández Licona y después de él la gente que opera, o sea las direcciones generales adjuntas, por lo que si las eliminan “quitan toda lo operación”.

Su salida pudo deberse al rechazo de aceptar las medidas de austeridad que iban en contra de la labor que tenía encomendada y a que recomendó excluir 58 programas sociales duplicados , pero también a que preparaba la primera revisión a 12 programas prioritarios del gobierno lópezobradorista. El Coneval convocó el pasado 5 de julio a licitaciones para contratar a los consultores que ejecutarán el “análisis exploratorio” de los programas que, sólo para 2019, acumulan un presupuesto de 100 mil 702 millones de pesos.

Luego de establecer que el ciclo del economista Gonzalo Hernández había terminado, López Obrador consideró que podría eliminarse el Coneval y que sus funciones las asuma el INEGI, “no lo descartamos, porque la verdad abusaron con la creación de todos estos organismos. Crearon aparatos burocráticos onerosos sin beneficio. Si se tiene el INEGI porqué no el INEGI hace esa función”.

Además de la oposición que criticó esa posibilidad, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, resaltó que el Coneval es mucho más que la simple medición de la pobreza, “también evalúa el diseño, operación e impacto de la política social. Su independencia y objetividad es crucial”, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, manifestó que el amago de desaparecer el Coneval se debe a que López Obrador “no le gusta nada ni nadie que pueda evaluarlo, no entiende el peso de la información, no le interesa resolver la pobreza, sino fomentar clientelas”. La diputada del PRI, Sara Rocha Medina, sostuvo que el Coneval “es un contrapeso a las acciones de política social y programas que se ponen en marcha, por lo que tener en mente desaparecerlo, implica no querer evaluaciones para saber cómo vamos. Parece que quiere vivir de la simulación y cualquier dato incómodo, debe ser eliminado”.

PALOMEO PICANTE

Existía la posibilidad que el tema de la inmigración en México pasara a segundo término, luego de que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, le impuso una estrellita al gobierno de López Obrador por los resultados alcanzados por su gobierno de contener el paso de indocumentados hacia el vecino país.

Las reacciones continúan presentándose, de manera particular del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, que en cuantas ocasiones hay lamenta que el país haya traicionado los principios de atender y proteger a esas personas.

El mismo día que Pompeo se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para analizar los avances del programa que impuso el presidente Donald Trump, Muñoz Ledo señaló: “Siempre me he opuesto a la contradicción entre las apariencias diplomáticas que enseñan el músculo para disfrazar la dependencia creciente de nuestro gobierno por debajo del agua” (22/VII/2019).

Al día siguiente dijo que la Secretaría de Gobernación tiene una política de persecución a migrantes, de impedir que pasen la frontera del sur, y ha convertido el territorio en una campana o una jaula, sin paso para atrás ni para adelante”.

Sostuvo que aún cuando lo niegue, el gobierno mexicano tiene en los hechos una política migratoria de país seguro, “en la práctica es lo que estamos haciendo, que la gente entre a un país y ahí se quede porque no tiene derecho a pedir asilo en otro, lo que yo llamo política jaula. No podemos estar en contra de que “la migración” sea regular y que sea ordenada, pero no podemos ser los socios de la migra o una versión de la migra mexicana”.

El hombre que ha sido líder nacional de dos partidos, secretario de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, tres veces diputado federal y una senador, sabe que está más allá del bien y del mal, por lo que no duda en criticar la política migratoria del actual gobierno.

Dice que está extrañado “porque se le atribuye al canciller (Marcelo Ebrard) haber dicho que iba a detener la migración, como lo quiere el presidente (Donald) Trump y la Secretaría de Gobernación dice que hay libre tránsito de gente ¿entonces?”.

Urgió que se le informe al país de lo que se hace sobre este particular, porque “la Secretaría de Gobernación tiene una política de persecución de los migrantes que pasen la frontera sur y los ha metido en una jaula que ni pa’ atrás ni pa’ adelante”

Mientras que en México el gobierno tiene más de 25 mil elementos federales desplazados en las fronteras norte y sur para impedir el avance de los desplazados hacia EU, los informativos estadounidenses dieron a conocer el pasado 26 de julio que se aprehendió a 16 infantes de Marina de Estados Unidos que traficaban con personas y drogas.

Desde 2016 Trump ha reiterado que los mexicanos que cruzan o viven en su país son “personas indeseables”, imputándoles de trasladar y vender toda clase de estupefacientes y que bandas de “polleros” de México impulsan la “invasión” hacia EU.

Un golpe seco debió ser para el mandatario enterarse que los militares de Estados Unidos fueron apresados por el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés), mientras realizaban la formación de Batallón en Camp Pendleton, una base ubicada al norte de San Diego a 90 kilómetros de la frontera con México.

Se les arrestó “por su presunta participación en diversas actividades ilegales que van desde tráfico de personas hasta delitos relacionados con drogas”, informó la Primera División  de la Marina en un comunicación.

Dos de los marinos aprehendidos les pidieron a dos migrantes ocho mil dólares cada uno a cambio de llevarlos a Los Ángeles y Nueva Jersey, mientras que otros son interrogados sobre su supuesta participación en delitos relacionados con droga.

Está claro que en donde quiera se cuecen habas y que mientras a unos les gusta el papel de camareros otros aprovechan su posición para hacer lo que, presuntamente, combaten.

SU MEJOR MOMENTO

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) jugó todo su resto a favor de Andrés Manuel López Obrador y el resultado no podía ser otro que hoy reciba ciertas preferencias del Presidente de la República, que le da el mismo nivel que al SNTE, por lo que en la práctica hay dos agrupaciones con interlocución en el gobierno.

Ambos organismos participan en el análisis de los proyectos de leyes secundarias que deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados, entre ellas la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que determinará las reglas para el ingreso al servicio docente.

También está el Sistema de Mejora Continua de la Educación, que creará el organismo que suplirá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), además de la Ley General de Ecuación, que fijará las bases de modelo educativo previsto en la Constitución.

Aunque falta concretar algunos aspectos, se menciona que en la nueva Ley para la Carrera de Maestras y Maestros las plazas docentes serán asignadas por la Secretaría Educación Pública (SEP), con el aval de las dirigencias del SNTE y la CNTE, con lo que, de implantarse, será un punto a favor de la Coordinadora, que desde 2013 cuando se aplicó la hoy derogada Ley de Educación se opuso a perder ese “derecho”.