Ricardo Vargas

El lunes 30 de marzo, nuestro Gobierno Federal anunció mediante el Secretario de Relaciones Exteriores que el país entraba en una etapa de “emergencia sanitaria”, por lo que todas las empresas con actividades que fueran consideradas como “no esenciales”, deberían cerrar inmediatamente sus operaciones con el fin de evitar la propagación del COVID-19 dado el traslado y la convivencia natural de las personas con respecto a sus actividades laborales. En relación a este tema, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 429 y 427 contempla únicamente la figura jurídica de una “Contingencia Sanitaria” que en caso de declararse por el Gobierno Federal, obligaría legalmente a todas aquellas empresas que no sean consideradas como esenciales, a detener sus operaciones y en caso de que lo requieran, puedan pagar únicamente el salario mínimo mensual a los empleados con la finalidad de no tener que despedirlos. ¿Entonces por qué el gobierno tomó la decisión de utilizar un término que jurídicamente no existe?

Después de este anuncio, varias empresas a nivel nacional comenzaron (naturalmente) a realizar recortes de nómina y a reducir en medida de lo posible los gastos en los que incurrían.  En respuesta, el Gobierno Federal y la Secretaría del Trabajo a nivel federal, han manifestado su intención de dialogar e incluso tomar acciones contra las empresas que han realizado despidos de trabajadores durante el mes de marzo y los primeros días del mes de abril, pues no consideran que haya una justificación legal en hacer esto. Lo que resulta ilógico, es exigirle a una empresa (sin fundamento legal aparente) que detenga sus operaciones y que al mismo tiempo mantenga su nómina intacta y no realice despidos ni recorte a los salarios. Existe detrás de esto, quizá, un conflicto ideológico entre la política económica de este gobierno y la figura del empresario en nuestro país.

Y de forma general, tenemos fuertemente arraigado un estereotipo erróneo de lo que es realmente el empresario mexicano. Pensamos en primera instancia que el empresario es aquel que concentra grandes flujos de capital, y que contribuye con muy poco al crecimiento económico y social de sus empleados. Quizá es una visión que se ha intensificado más en los últimos dos años, pero no deja de ser errónea. En nuestro país el 74% de los empresarios figuran socioeconómicamente dentro de la clase media baja o baja.

Dentro de este entorno, y entendiendo que entraremos (si no es que ya lo hemos hecho) a una fuerte recesión económica que será más grave que la vivida en 2009, resulta ilógico que el Gobierno se rehúse a brindar apoyos a las Pequeñas y Medianas Empresas del país. Al cierre de 2018, en nuestro país operaban cerca de 4.2 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), que se traducen en la generación de más del 70% del empleo en el país y de más del 50% del Producto Interno Bruto Anual. Entendiendo esto, resulta más complicado entender la decisión de no brindar apoyo al sector de la pequeña y mediana empresa en el país.

Si bien es cierto que existen miedos y fobias del pasado, que pesan fuertemente en la toma de decisiones actual, vale la pena hacer un análisis de los costos y los beneficios a obtener. El primer argumento en contra de rescatar a la empresa es lo que puedan hacer los empresarios con dichos apoyos. Y hemos visto infinidad de casos en los que grandes corporativos (en México y en muchos otros países) utilizan los recursos de rescate para incrementar sueldos y bonos de altos directivos y propietarios, pero la realidad es que no hay otra forma de rescatar la economía. Es importante entender, que cuando la actividad económica se paraliza (por falta de confianza, por miedo, por cuestiones sanitarias) es indispensable apoyar a las empresas a regresar a operar cuanto antes, por supuesto que habrá que hacerlo con garantías y controles que garanticen que los apoyos a las empresas finalmente se utilicen para conservar los empleos actuales. Durante la segunda quincena de marzo y la primera semana de abril, se perdieron en el país cerca de 350 mil empleos formales que provienen mayormente de Pequeñas y Medianas Empresas (la promesa de nuestro presidente es la creación de 2 millones de empleos en los próximos 9 meses, pero a este ritmo no servirán ni siquiera para reponer los empleos perdidos).

De nada sirven los anuncios que se dieron el pasado domingo para “rescatar” a la economía, pues no hay ningún apoyo sustancial al sector empresarial. No se trata de rescatar a grandes corporativos, sino de rescatar al motor económico del país que son las pequeñas y las medianas empresas. En tiempos de crisis la historia nos ha demostrado que la austeridad gubernamental no es la solución, pues agrava aún más las crisis y genera mayores niveles de pobreza y de desigualdad.

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Soy economista del Tec de Monterrey, en Monterrey. Tengo un par de años escribiendo artículos de opinión. Escríbame.

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