Ante el riesgo latente de que la Reforma Fiscal 2022 criminalice a los contadores públicos, relacionado con la obligatoriedad de dictaminar a las empresas con montos por 1,650 mdp, el abogado fiscalista José Antonio Guerra Caparrós aseveró que sí existen tintes de inconstitucionalidad por la falta de seguridad y certeza jurídica, motivo por el cual sí hay puntos de defensa legal.
Aseveró que ser Contador Público se convertirá en un arma de doble filo, porque, si no se percatan de los incumplimientos fiscales de las personas morales, perderán su registro como dictaminadores ante el SAT durante tres años e, incluso, podrían ser sancionados con cárcel de 3 meses a 6 años.
José Antonio Guerra agregó que una de las reformas en la Miscelánea Fiscal para el 2022 se relaciona con el Código Fiscal de la Federación en su artículo 32-A, el cual establece, nuevamente, la obligatoriedad de que las empresas sean dictaminadas por un Contador Público.

OBLIGADOS A SER DICTAMINADOS
• Personas morales que superen montos aproximados por 1,650 mdp en su ejercicio fiscal.
• Aquellos que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores.

BENEFICIOS DE LA DICTAMINACIÓN
• El SAT no inicia facultades de comprobación, sea en una auditoria, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete.
• Por esta razón, resulta atractiva la medida para las empresas mexicanas.
• El SAT pretende tener mayor información de las empresas y, tras revisar los dictámenes, determinará finalmente si inicia o no una facultad de comprobación, de acuerdo con la disparidad que pudiera encontrarse en el dictamen.

CONTADORES ACUSADORES
• Si el Contador Público tiene conocimiento que el contribuyente incumple con las obligaciones fiscales, aduaneras o comete un delito fiscal, entonces deberá informarlo a la autoridad, cargando así al Contador Público una obligación adicional.
• Si el Contador Público no se percata de la situacion o no reconoce la comisión de un delito o incumplimiento fiscal, se le considerará una suspensión de su registro y se le podría declarar responsable de encubrimiento de delitos fiscales, lo cual se sancionará con penas de 3 meses a 6 años de prisión.

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