Antonio Baranda Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecutivo federal consumó la militarización de la seguridad pública hasta 2028.
Tras el aval de la mayoría de los congresos estatales, publicó ayer el decreto de reforma constitucional que amplía hasta ese año la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Dispone que en un plazo no mayor a 60 días se integrará una comisión bicameral para el «análisis y dictamen» de los informes que el Gobierno federal entregue al Congreso sobre dicha facultad.
El decreto establece que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser temporal y «extraordinaria».
También tiene que ser regulada, para que cumpla con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y tratados internacionales; y fiscalizada, a fin de que se revise y supervise su funcionamiento.
«Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas», agrega el decreto.
La Fuerza Armada permanente deberá capacitarse en la «doctrina policial civil» establecida en el artículo 21 de la Constitución.
En ningún caso, la acciones que militares y marinos lleven a cabo tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de Gobierno en el cumplimiento de sus competencias.
Durante los siguientes años, la Guardia Nacional deberá desarrollar estructura, capacidades e «implantación territorial», con el objetivo de prescindir de las Fuerzas Armadas a partir de 2028.
A partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo federal también establecerá un fondo permanente de apoyo a los estados y municipios destinado al fortalecimiento de sus Policías.
«No podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año», ordena.
