Martha Martínez, Claudia Salazar y Francisco Ortiz
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El golpe fiscal a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se consumó anoche. La mayoría morenista desechó más de 20 reservas sobre el tema, incluso una de su propio partido.
Se aprobó que el monto total de las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.
Ello implica topes a las deducciones que puedan reducir el monto de donativos y con ello afectar no sólo la operación, sino la subsistencia de las organizaciones enfocadas en diversas actividades y servicios a la población, advirtieron especialistas y
legisladores.
Lo que sí cambió fue la propuesta que obligaba a mayores de 18 años de edad a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aun cuando no realizaran actividades económicas. La morenista Lidia García presentó una reserva al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que, si bien mantiene la obligatoriedad del registro, elimina la posibilidad de que sean aplicadas sanciones en caso de que éste no se realice.
Sobre el tope a la deducibilidad a OSC, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que está enfocado a personas físicas, y no a personas morales que podrán seguir haciéndolo sin límites.
En entrevista con Radio Fórmula detalló que, del total de personas físicas donantes, un 96 por ciento entrega recursos por debajo de los 30 mil pesos anuales, por lo que el tope no les afectará, y que el 4 por ciento restante es el objetivo de la reforma, ya que no existe claridad sobre el origen del dinero y los montos que deducen suelen llegar hasta 500 millones de pesos.
Por su parte la diputada transgénero María Clemente García, de Morena, quien el martes propuso modificar esa disposición pero fue rechazada su propuesta tras lo que se armó el pleito en tribuna, llamó al diálogo al SAT pues no se tienen criterios claros del costo de la afectación.
Las disposiciones aprobadas fueron turnadas el Senado para su revisión.

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