Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Texto de la pregunta que tendrán que contestar los ciudadanos que acudan el próximo domingo a desahogar la consulta propuesta por el presidente López Obrador:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Cualquier persona estará de acuerdo en que es más sencilla que la tabla del uno. Una pregunta que no se puede contestar de forma negativa. Nadie en su sano juicio, lo que desde luego excluye a muchos políticos encumbrados, podría contestar “no”. Es algo así como si se  preguntara: “¿Está usted de acuerdo en que se castigue a los malos?” o bien “¿Está usted de acuerdo en que se premie a los buenos?” o “¿Está usted de acuerdo o no en que se proporcionen medicinas y tratamiento a los niños con cáncer?” o tan sin sentido como “¡Está usted de acuerdo o no en que se agrave la enfermedad de COVID que padece Fernández Noroña?”.

Claro que vista con detenimiento la chistosa redacción, que por cierto fue realizada y aprobada por la Suprema Corte de Justicia, (¡Imagine el despistado lector cómo estarán las sentencias si para hacer una pregunta se hacen tanta bolas!), tiene sus asegunes o sus muelles (no hay leyes sin muelles, dicen), en otras palabras tiene sus trampas. Platicaba mi abuelita que en Mexticacán, la tierra de mi mamá, había una viejita que se hacía cruces por el futuro, preguntándose: “Para el año que entra ¿quiénes se morirán y quiénes viviremos? Apuntándose obviamente en la lista de los vivos. La redacción de la Corte reinterpretando la voluntad del presidente interpretada por el Congreso con una pregunta que no aguantó la prueba del ácido por su inconstitucionalidad, es una cuestión neutra. No compromete a nada ni a nadie, sin embargo deja fuera a los “actores políticos” actuales, ya que la mira está en los de los años pasados, los actuales no serán investigados ni molestados, como dice mi amigo Ramiro, ni con el pétalo de un citatorio. ¡Vamos una pregunta así la hubiera firmado orgullosamente el filósofo de Güemes, maese Pero Grullo o monsieur de Lapalisse!

Es una consulta en la que participaran muchos ciudadanos que no cobrarán porque la consideran un deber cívico y efectivamente lo sería si el planteamiento fuera legal y razonable. La posibilidad de esta “provocatio ad populo” como la llamarían en la República Romana, está prevista en la Constitución, pero ciertamente echar a andar al Congreso, a la Cohorte, al INE y a todos los ciudadanos para preguntar una obviedad no solamente es inútil, sino que probablemente implicaría una responsabilidad promoverlo en los términos que se está haciendo. Es por supuesto una consulta ilegal. Sí, sí, ya sé que funcionarios públicos y en particular electorales han dicho que es una consulta legal porque está prevista en la Constitución, pero esto es poner la carreta delante de los bueyes. Es confundir la fundamentación con la legalidad. Va un ejemplo con manzanas, para que hasta un colega lo pueda entender: Si un juez penal dicta una sentencia condenando a la pena de muerte a un reo, la sentencia será ilegal aunque el juez esté facultado para dictar sentencias, se haya llevado a cabo el proceso y terminado. En otras palabras el objeto de la consulta, que, dicho sea de paso, señala la constitución que debe ser sobre temas de trascendencia nacional, no puede versar sobre temas que impliquen violaciones a la legalidad, ni que sean contrarias al orden jurídico.

Incidentalmente merece la pena recordar que la Ley Federal de Consulta Popular fue promulgada y publicada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Pensemos, nada cuesta pensar aunque a veces duela, que 34 millones de despistados, porque acarreados no habrá tantos, fueren a responder la consulta el próximo domingo, pensemos que la mayoría de esos 34 millones absurdamente votasen por el “No”,  ¿entonces el  Fiscal podría decir: no investigaré los delitos de los actores políticos del pasado? o ¿los jueces podrían decir: nos abstendremos de conocer estos juicios que estamos llevando porque se refieren a actores políticos del pasado? o peor aún ¿los alcaldes de las cárceles deberían poner en libertad a los reos actores políticos del pasado porque la consulta dijo no? o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito ¿estarán vinculadas a no realizar sus tareas porque en la consulta prevaleció el no?. Y ya que estamos pensando, pensemos que esta consulta es una falacia de reducción al absurdo. No puede contestarse en sentido negativo porque atentaría contra el estado de derecho.

A los promotores de la consulta, que únicamente ven la raja política que pudieren obtener de ella, se les llena la boca diciendo que es una consulta vinculatoria. La Constitución y la Ley limitan la obligatoriedad a dos entes: poder Ejecutivo y Legislativo federales. De entrada quedan excluidos los poderes judiciales, por lo tanto no podrían quedar obligados a juzgar a ningún actor político del pasado. La entidad encargada de la investigación y persecución de los delitos es la Fiscalía General de la República y resulta que, la Fiscalía es un órgano dotado de autonomía por lo que en estricto derecho no forma parte del ejecutivo, como no forman parte tampoco los órganos constitucionales autónomos, la consulta no podrá obligar a la Fiscalía, que, por otra parte “sí” está obligada a investigar medie o no, consulta. Finalmente no obligará al Legislativo porque su resultado, el que sea, no obligará a legislar y si lo hiciera, sus leyes no podrían tener aplicación retroactiva.

En conclusión un ejercicio inútil, caro, ilegal y lo peor, puede convertirse en un instrumento de operación política.

Seguramente no se alcanzarán los 34 millones de incautos, por lo tanto no prevalecerá “la obligatoriedad”. ¿Querrá eso decir que quedarán impunes las faltas y delitos de los “actores políticos del pasado”? ¿Será la excusa perfecta para que el presidente se lave las manos y olvidarse de las sanciones a ex-presidentes? ¿Será la “maquiavélica” manera de pagar los pactos a Zedillo que le “permitió” llegar al gobierno de la Cd.Mx. o a Peña Nieto que le allanó el camino a la presidencia calumniando a Anaya? No se pierdan el siguiente capítulo, ni Epidemio Ibarra lo hubiera imaginado más truculento.

 

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