En la manifestación feminista del lunes pasado hubo errores cometidos, tanto por un grupo de las participantes como de los cuerpos policiacos que intervinieron; pero sin duda el principal recae en la autoridad por no haber estado preparada a lo que se podría presentar y haber reaccionado sin un protocolo en materia de derechos humanos, consideró el doctor Luis Eloy Morales Brand, jefe del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Explicó que de acuerdo al Derecho Emergente que está siendo considerado a nivel internacional en materia de derechos humanos, está dentro de lo permitido realizar pintas de manifestaciones en edificios y monumentos públicos, no en propiedad privada y sin ánimo de exacerbar la violencia, por lo que no se puede comprender cómo es que los cuerpos policiacos incurrieron en ignorar un protocolo que se supone deben anteponer, por su preparación y constante capacitación.

Cierto es que algunas de las manifestantes tuvieron un mal proceder al abusar de la pasividad de los policías que estaban para resguardar el lugar, hasta que como humanos que son, provocaron su reacción, pero sus directivos les debieron recordar que estaban allí para disuadir y proteger, no para incrementar la violencia, “no siguieron el protocolo disuasivo, sino el de la fuerza”.

Ante el hecho de que jóvenes permanecían detenidos hasta ayer al medio día, comentó que si bien corresponde a la Fiscalía determinar si el caso se lleva ante los jueces, son hechos que se podrían resolver por vías alternas, “no es necesario llegar a un proceso penal, no es algo que tenga que resolverse con prisión o penalmente, hay formas alternas de llegar a arreglos, como es el ejercicio del derecho”.

El especialista investigador en materia penal de la UAA, comentó que Constitucionalmente se tiene el derecho a la protesta social, ante alguna inconformidad o incumplimiento de la autoridad a sus responsabilidades, además de la libertad de expresión y a la manifestación, sin dejar de lado que todo tiene límites ante los derechos de los demás.

En este caso, la lucha y manifestación de las mujeres es legítima desde una perspectiva social, ética y jurídica, el problema surge cuando se sale de control y se violentan derechos ajenos, y eso corresponderá a la autoridad respectiva resolver quiénes son los reponsables, pues hay acusaciones de ambos bandos.

Pero en cuanto a las pintas en edificios y símbolos públicos, que han molestado a una parte de la población, se debe dejar en claro que está permitido considerando que no son propiedad privada, sino que son propiedad de todos los ciudadanos y pueden ser parte de la manifestación o protesta social, como ha sido una tendencia internacional.