El pasado 5 de febrero, se conmemoró el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, más allá de la sesión solemne que celebró nuestro H. Congreso del Estado y de la ceremonia Conmemorativa que tuvo lugar en el histórico teatro de Querétaro, existió otro evento de vital importancia para la vida jurídica de nuestro país.
La publicación de la Constitución de la Ciudad de México en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, marcan tras meses de trabajo por parte del Congreso Constituyente (mismo en el que participaron dos aguascalentenses), el inicio de una nueva entidad federativa desde su perspectiva constitucional.
Considero importante señalar algunas de las cuestiones que incluye esta novedosa carta constitucional de nuestra capital, no sin antes mencionar que de manera personal considero como un riesgo el otorgar facultades a grupos que erróneamente han buscado empoderarse sin respetar todas las teorías de la doctrina política, aunado al hecho de convertir una constitución en una carta de buenos deseos y no en un verdadero instrumento fundante.
Algunas de las cuestiones que parecerán novedosas se consolidan a través de la creación de una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia, mismo que vigilará el cumplimiento de la Constitución local. De igual manera, se establece que toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Es por ello, que la Constitución de la Ciudad de México introduce la acción de protección efectiva de derechos y el novedoso juicio de restitución obligatoria de derechos humanos.
Siendo así que se formará un control de constitucionalidad “local” tal y como existe en algunas entidades de la República Mexicana. La Sala Constitucional aludida será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México, estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución; mientras que también se crean los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, mismos que conocerán de la acción de protección efectiva de derechos que se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en la propia Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita, con un plazo máximo de resolución de 10 días (instrumento que definitivamente dará mucho de qué hablar en los próximos meses desde la judicialización de los derechos contemplados en el aludido ordenamiento).
Continuando con este “catálogo” de derechos, no podría dejar pasar el Derecho a la Ciudad, mismo en el que se establece que la Ciudad de México garantizará el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. De igual forma se establece un Derecho al tiempo libre, en el que toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo.
Existe también un Derecho en el que toda persona contará con un derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como parte de las modificaciones de carácter administrativo, se regula la Fiscalía de la Ciudad de México en la que su titular durará cuatro años y será electa por mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial “Ciudadano”, mediante un proceso de examinación y otorgándole la facultad al Consejo de proponerlo para un periodo más.
Como parte de las modificaciones a las hasta ahora delegaciones, ahora serán denominadas alcaldías y se erguirán como órganos político-administrativos que se integrarán por un alcalde y un concejo, electos por votación para un periodo de tres años. Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, aunque paradójicamente no cuentan con la figura de los síndicos ni los regidores.
Todos estos temas y mucho más que por cuestiones de espacio no pudieron ser abordados, causarán gran revuelo y definitivamente deberemos estar pendientes. En días pasados hemos comenzado a escuchar algunas desatinadas declaraciones por parte de algunos de nuestros legisladores locales, de quienes exigiremos sepan estar a la altura por el bien de nuestro constitucionalismo local y no caigan en propuestas sin razonamiento ni sustento jurídico.

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