Benito Jiménez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Abogados fiscalistas coincidieron en que el crecimiento de bienes por parte del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, resulta inexplicable a la luz de sus ingresos como servidor público.
De este modo, la Fiscalía de Nuevo León debe realizar un dictamen de evolución patrimonial del Mandatario para conocer si realmente sus ingresos son lícitos y no derivado de actividades irregulares o «moches».
El abogado Ilan Katz, asesor de confianza para bancos, aseguradoras y personas físicas de alto perfil, consideró que a simple vista la evolución patrimonial del Gobernador Samuel García pareciera configurar un enriquecimiento ilícito.
«El enriquecimiento ilícito se configura cuando un funcionario público por el desempeño de su cargo tiene un incremento irregular en su patrimonio sin explicación alguna.
«No necesariamente estoy acusando al Gobernador, pero lo que sí quiero decir es que se ve, parecería que estamos ante un un caso de enriquecimiento ilícito», consideró el Katz, quien cuenta con más de 20 años como litigante en delitos patrimoniales, bancarios y de servidores públicos.
El abogado Antonio López consideró que la Fiscalía de Nuevo León deberá integrar un dictamen subrayó que el dictamen no sólo debe contener información bancaria sobre el Gobernador, sino sobre las personas morales con las que tenga relación.
«Se debe hacer una investigación corporativa, si él tiene otras sociedades y cuáles son los ingresos de esas sociedades que declararon, cómo están sus estados de cuenta y a partir de ahí ya podrá tener la Fiscalía (de Nuevo León) para considerar si hubo un incremento injustificado o no, de todo, vehículos, joyas, inmuebles, tiene que haber un reporte por actividades vulnerables o relacionadas con lavado de dinero, todo tiene que estar registrado.
«En el ámbito penal sí debieran investigarse ciertos hechos delictivos y por lo que se señala en las denuncias es posible un tráfico de influencias», dijo el abogado, fundador de Antonio López & Asociados, un despacho enfocado a la atención de delitos de «cuello blanco».