Lic. David Reynoso Rivera Río

Desde hace unos días, Oaxaca se convirtió  en el segundo Estado que despenaliza el aborto, tras permitir legalmente la interrupción del embarazo, por cualquier causa, durante las primeras doce semanas de gestación. Anteriormente, Oaxaca contemplaba como causales legales el llamado aborto imprudencial que lo permitía cuando el embarazo es consecuencia de una violación, o bajo alguno de los siguientes supuestos: si el producto tiene alteraciones genéticas o congénitas graves, si existe peligro de muerte para la mujer o si hubo inseminación artificial no consentida.

Según cifras de la Secretaría de Salud Mexicana, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna y en casi todos los estados del país, las mujeres son criminalizadas por interrumpir sus embarazos. Las razones sociológicas sobre las cuales los legisladores oaxaqueños basaron sus argumentos para permitir o impulsar dicha reforma, estriban en que Oaxaca es una de las entidades con menor cantidad de recursos económicos en el país, por lo que existen grandes cantidades de comunidades indígenas y brechas de desigualdad que se traducen en afectaciones para quienes se encuentran en mayores condiciones de marginación y vulnerabilidad.

Amen de lo anterior, en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido precedentes importantes en los que se ha señalado que proteger la vida no implica criminalizar el aborto y que la negación del acceso a una interrupción legal del embarazo viola el derecho a la salud; aunado a que ministros como Arturo Zaldívar han manifestado en sendas ocasiones que muchas veces el aborto se ha convertido en una cuestión de discriminación y marginación, ya que las mujeres con pocos recursos económicos no han podido acceder al mismo o lo hacen en clínicas clandestinas con condiciones insalubres, mientras que aquellas que cuentan con mayor solvencia  lo hacen en clínicas clandestinas que ciertamente reúnen la mayoría de los estándares.

Si analizamos el fenómeno desde el punto de vista jurídico y bajo la óptica de los derechos fundamentales, habría que recordar que hace ya más de 5 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió de manera definitiva la interpretación que debe hacerse de la protección a la vida prenatal, señalando que la concepción es cuando el óvulo fecundado se adhiere a la pared del endometrio, así como que  la protección a la vida es gradual e incremental y que sólo a través del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres puede protegerse la vida prenatal, entre otras cuestiones fascinantes que se despliegan en comunicados y sentencias.

Sin juzgar sobre la idoneidad de la medida o no, únicamente me gustaría introducir en el crisol que ante las “famosas” y “vanguardistas” iniciativas, jamás se ha tomado en consideración o se contempla la opinión del padre y todo se observa o pretende observarse, injustamente, desde la perspectiva de la mujer. Cuando la responsabilidad y la paternidad es compartida.

Ahora, ante este movimiento, los legisladores de “vanguardia” que pertenecen a Morena, han anunciado que trabajan para presentar una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Salud para intentar despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en todo el país. Intentando así centralizar nuevamente el poder mediante legislaciones que contengan en transitorios exhortos para que las Entidades Federativas realicen modificaciones y  continuando así con esta nueva tendencia legislativa en la que se vulnera las competencias de los Estados y parece ser que quien tiene el timón legislativo es el partido al mando del Gobierno Federal.

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