Con su reincorporación a las actividades legislativas, el diputado Maximiliano Ramírez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado, confirmó que se acatará el fallo del tribunal que ordena mantener los artículos originales del Código Urbano relacionados con la donación de áreas verdes. Sin embargo, adelantó que se buscará presentar una nueva iniciativa para clarificar y mejorar el proceso de donación, orientándolo hacia el desarrollo de infraestructura.
Ramírez explicó que la confusión surgida sobre la eliminación de áreas verdes es una mala interpretación. «El Código Urbano nunca buscó eliminar las áreas verdes; estas siguen estando claramente establecidas en un 30%. La confusión se dio en el tema de las áreas de donación», aclaró. Añadió que el fallo del tribunal exige que los artículos en cuestión vuelvan a su redacción original, y el Congreso respetará esta decisión.
El diputado señaló que la intención inicial de la reforma era permitir que los desarrolladores, en lugar de entregar terrenos sin uso definido, pudieran contribuir con infraestructuras como pozos, parques o avenidas, beneficiando directamente a la comunidad. «Queremos que, en vez de entregar terrenos donde no se podrá hacer nada por falta de recursos, los desarrolladores entreguen infraestructura útil para la población», destacó.
Ramírez subrayó que el fallo será acatado de inmediato, manteniendo los porcentajes originales de donación en el Código Urbano. «Queda como estaba anteriormente en el Coteduvi, con los porcentajes de 15% y 12% claramente establecidos», precisó.
Para evitar futuras confusiones y asegurar el desarrollo ordenado de la ciudad, el diputado anunció que presentarán una nueva iniciativa. Esta incluirá de manera explícita las condiciones para la donación de áreas, enfocándose en el desarrollo de infraestructura esencial para las comunidades.
El legislador también destacó la importancia de trabajar en conjunto con diversas dependencias y organizaciones para asegurar que las modificaciones sean claras y beneficiosas. «Hemos trabajado con el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, Canadevi y autoridades ambientales a nivel municipal y estatal», señaló.
Estos ajustes reflejan un esfuerzo por actualizar un código que no se modificaba desde hace nueve años, eliminando burocracia y duplicidad de funciones, y devolviendo a los municipios la facultad de supervisión conforme al artículo 115 constitucional.