Luis Muñoz Fernández

Siempre conviene recordar lo que dice el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Aunque así está escrito en nuestra Carta Magna, dos palabras siguen generando escozor: democrática y laica. Los nostálgicos de otros tiempos quisieran que ambas fuesen reemplazadas por sus antónimos: teocrática y confesional. Quienes conocimos una dictadura impulsada, respaldada y sostenida por una alianza entre el poder eclesiástico, el militar y el económico, sabemos lo que eso significa.

Este artículo constitucional reconoce una realidad que algunos quisieran ocultar: que en México tenemos una pluralidad moral. Ante esta realidad indiscutible se ha optado por la laicidad como garantía del respeto a todos los ciudadanos. En lo personal, cada ciudadano puede atender en libertad a su propia ideología, incluyendo su confesión religiosa. Pero para regular la convivencia social y que esta se dé con la mayor armonía posible, todos tenemos que sujetarnos a las leyes que nosotros mismos nos hemos otorgado y que están plasmadas en la Constitución.

Las leyes de un país, como sucede con la moralidad, sufren cambios a lo largo del tiempo. No están escritas en piedra. Las mismas circunstancias obligan a revisarlas y, en su caso, derogarlas o reformarlas. Ni siquiera los dogmas permanecen inalterados, sino que se reinterpretan de acuerdo al contexto de los tiempos. El conjunto de costumbres que llamamos moral evoluciona a través de los siglos. Lo que antaño fue inmoral, hoy se admite como normal y viceversa.

Creo que así debe entenderse la sentencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado martes 7 se septiembre de 2021. El aborto siempre es motivo de controversia. Es falso que con su despenalización se pretenda resolver la problemática de los embarazos no deseados. La despenalización corrige una grave injusticia sanitaria y de clase socioeconómica sin violentar las creencias personales de las mexicanas.

A partir de ahora, las mujeres y personas gestantes en México podrán interrumpir voluntariamente su embarazo si así lo desean. Si lo hacen, cometerán un pecado desde la óptica del catolicismo, pero no incurrirán en un delito. Que no se confunda una cosa con la otra.

 

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