Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral federal confirmó ayer una multa de 40.9 millones de pesos al PVEM por los mensajes que difundieron influencers a su favor en plena veda electoral.
El pleno de la Sala Superior aprobó el proyecto presentado por el Magistrado Felipe Fuentes, el cual sostiene que dicho instituto político requiere una sanción ejemplar por su conducta reiterativa y sistemática de violar la ley.
“La infracción está debidamente comprobada y ante acciones reiteradas y elementos de sistematicidad en el actuar, considero que es necesario que las sanciones impuestas sean de tal entidad que cumplan con el objetivo de disuadir conductas que fueron objeto de sanción. Estamos obligados a respetar y hacer respetar los principios constitucionales”, sostuvo Fuentes.
El pasado 22 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una sanción de 40 millones 933 mil 568 pesos al Partido Verde, así como quitarle su derecho a spots de radio y televisión por un año, por pagar a 104 influencers para que difundieran mensajes a su favor entre el 4 y 6 de junio.
La autoridad electoral determinó cotizar en 10 mil dólares, unos 200 mil pesos, el pago a cada artista.
Sin embargo, el partido del tucán impugnó la resolución al afirmar que no existían pruebas, además de ser injusto quitarle su prerrogativa en medios electrónicos.
También pidió revocar la decisión del INE hasta que la Sala Especializada del Tribunal analice y dictamine los resultados del procedimiento especial sancionador que elabora el INE por violaciones electorales.
Los magistrados consideraron que el Instituto puede sancionar en materia de fiscalización, pese que exista otro procedimiento en proceso sobre el mismo tema.
“El INE realizó una debida, integral y concatenada valoración probatoria, cuantificó el costo de los mensajes de forma adecuada, y comprobó de forma clara la reiteración de las conductas y el beneficio que obtuvo el partido por esta omisión en su reporte de gastos.
“El efecto de no reportar este gasto, además de la transgresión de las normas técnicas que implicó, exige juzgarlos en el marco de actos que quebrantan, de forma grave y directa, la Constitución”, expuso el magistrado Reyes Rodríguez.