Decretar que el Ejército se haga cargo de la seguridad pública en todos los municipios del país, deja de manifiesto que el presidente de México pretende gobernar con autoritarismo, pero además ratifica que la inseguridad ha sobrepasado a la estrategia, coincidieron en señalar los diputados locales, Amabel Landín Olivares y Guillermo Alaniz de León.
El acuerdo que dispone que la Fuerza Armada se encargue de las tareas de seguridad pública, tras la reforma, adición y derogación a la Ley de la Guardia Nacional, puntualizando la nueva disposición presidencial “no sólo no está claro, pues no se puede permitir que sea la Guardia Nacional quien evalúe, fiscalice o sancione al Ejército”.
Criticó que con esta orden presidencial avalada por el Senado de la República se ha dejado de lado la Ley de Seguridad Interior y a la Constitución mínima, en cuanto a los elementos mínimos de equilibrio entre el Municipio, Estado y Federación.
Por su parte, Alaniz de León consideró que la militarización de la Guardia Nacional es una clara aceptación de la incapacidad del Gobierno Federal para brindar seguridad a la ciudadanía y ahora con este decreto pretende solucionar el problema con la ayuda de las fuerzas armadas.
Subrayó que esto va en contra de la Ley de la Guardia Nacional que fue diseñada para hacer un cuerpo de carácter civil y debe permanecer así, y se debe recordar que “la intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, deben seguir criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no por voluntad de una persona”.