Antonio Baranda
Agencia Reforma

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ayer la «persecución» penal que emprendió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros electorales que votaron a favor de aplazar la revocación de mandato.
En un pronunciamiento público, los 11 integrantes del Consejo General afirmaron que la denuncia es una acción injustificada y sin sustento legal que busca inhibir la independencia con la que resuelven los asuntos de su competencia.
«Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado», señalaron.
«Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen».
En un hecho inédito, el morenista Gutiérrez Luna denunció penalmente a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que -por mayoría de votos- el INE decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre revocación, debido a la falta de presupuesto.
La denuncia, que incluye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, es por coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y otros delitos en agravio del servicio público. Tan solo el primero de estos delitos es castigado hasta con siete años de prisión.
«Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía», subrayaron en el posicionamiento.
«Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión».
En un Estado democrático de Derecho, subrayaron los consejeros electorales, incluido el presidente del INE, Lorenzo Córdova, las diferencias de opinión y de votos son naturales, se respetan y no se persiguen como delitos.

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