Francisco Morales V.
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La solicitud de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt es un escalamiento inaceptable en la «guerra» del Gobierno actual contra la ciencia, advirtieron académicos.
«Es incomprensible esta guerra que se ha desatado desde prácticamente el comienzo de este sexenio», dijo el físico Alejandro Frank, Premio Nacional de Ciencia, quien calificó el actuar de la FGR como «terrorismo» contra el gremio.
«Esto ha despertado un sentimiento de rechazo absoluto por parte, yo diría, de un gran porcentaje de la comunidad científica», señaló.
El Rector de la UNAM, Enrique Graue, también condenó ayer las acusaciones.
«Ante la creciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, debemos manifestarnos», expuso.
«Yo me permito afirmar que la UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia», dijo en el marco de la cancelación de una estampilla postal alusiva a los 100 años del escudo y lema universitarios.
Los asistentes, entre quienes se encontraban miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, directores de facultades, preparatorias y el CCH, aplaudieron en respaldo a lo enunciado por el Rector.
A finales de agosto, la FGR solicitó infructuosamente la aprehensión de miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y de servidores públicos del sexenio pasado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cargos que resultaron improcedentes.
No obstante, tras la devolución de la carpeta de investigación por parte de un juez, la Fiscalía volvió a pedir las órdenes de aprehensión que, por segunda ocasión, volvieron a ser rechazadas.
Académicos consultados atribuyeron el pleito a un conflicto entre el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, con el FCCyT, instancia legalmente constituida a la que ha acusado de manejar irregularmente el presupuesto del Consejo y a la que ha buscado despojar de recursos desde el inicio de su administración.
Esos recursos son los 244 millones de pesos que el FCCyT recibió durante el último sexenio como lo dictaba la Ley de Ciencia y Tecnología que estaba vigente, y por los cuales ahora la FGR va contra académicos, entre ellos el ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero.