La Coordinación de Movilidad anunció que del 4 al 8 de mayo quedará abierta la convocatoria para el otorgamiento de concesiones de transporte público urbano, relacionadas al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes.
El encargado de despacho, Gustavo Gutiérrez explicó que la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado contempla el otorgamiento de la concesión de acuerdo a las condiciones de operación y administración que cada empresa defina.
Serán 550 unidades las que pertenecerán inicialmente al SITMA para cubrir las necesidades de usuarios en la prestación del servicio de transporte urbano en la zona metropolitana de Aguascalientes.
Únicamente se permitirá la participación a personas morales interesadas en obtener una concesión del SITMA, quienes deberán presentar el formato de solicitud que estará disponible en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
La solicitud deberá establecer la cantidad de autobuses que pretende operar con la concesión del SITMA y que las unidades cumplan con los parámetros de antigüedad que marca la Ley de Movilidad.
Otros de los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en migrar a la concesión del SITMA son presentar un modelo de negocio que debe incluir costos operativos, reemplazo, financiamiento, depreciación de vehículos, políticas de inversión, plan de renovación de flota, y crecimiento a 10 años, así como la relación vehicular y de operadores, manuales de operación, protocolos de actuación, por mencionar algunos. Además de ello, las empresas deben acreditar
capacidad técnica, jurídica y financiera para explotar la concesión; considerar infraestructura, material rodante, organización administrativa y operadores a quienes se le proporcione seguridad social para desempeñar la prestación del servicio mediante la asignación de rutas, itinerarios y horarios que establezca la Coordinación General de Movilidad. La concesión en la modalidad de transporte colectivo urbano se otorgará por un plazo de 10 años, según lo estipula la ley.