Salvador Rodríguez López

COBIJAN LO ILEGAL

Se ha señalado hasta la saciedad que en México lo único que impera es la ley, por lo que sin distinción alguna todos los habitantes están obligados a sujetarse a ella y quien no lo entienda así debe ser llevado ante un juez, para de esta manera supuestamente cumplir lo previsto en materia de derechos generales de todos los mexicanos.
Frente a lo descrito está lo opuesto, aquello que no obstante ser un acto ilegítimo se tolera y no sólo se alimenta, sino que la propia autoridad lo cobija. En varios estados de la República se lleva a cabo un padrón de vehículos extranjeros, conocidos como “chocolates”, cuya estancia en el país es ilegal y por lo mismo no deberían permanecer aquí.
Aguascalientes no podía quedar al margen de ese procedimiento, al anunciarse que las secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas llevarán a cabo un rastreo en los once municipios para ubicar ese tipo de elementos motorizados, con la finalidad de que “estén dentro del marco legal”, señaló el secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz.
Lo que no explicó es cómo harán la mutación, teniendo en cuenta que de origen es ilegítima su presencia y que además es competencia exclusiva de la Federación el ingreso, paradero y salida de tales vehículos.
Asimismo, el funcionario dijo que la “regularización” no tiene fines recaudatorios, esto es, que no pagarán placas ni verificación, no obstante, sí les cobrarán por inscribirse en el padrón y por un holograma que contendrá todos los datos del propietario.
Será obligatorio que todos los poseedores de los automóviles y camionetas que estén en esa situación se ajusten a lo dispuesto, lo cual tiene como intención “garantizar con ello la seguridad de la población y el estado de derecho”, apuntó; consecuentemente “todos los que circulen en el estado tienen que estar de acuerdo a la norma”.
Cada vez que una entidad lleva a cabo un programa de esas características de inmediato le reconvienen desde el Gobierno Federal, ya que la virtual legalización de los “chocolate” no es facultad de los estados, aunque la propia administración central es omisa ante esta irregularidad, lo que ha provocado que miles de unidades circulen por el país sin que se tenga un dato exacto de cuántas son, cómo entraron y por qué no fueron regresadas a su lugar de procedencia.
Los decomisos que periódicamente se llevan a cabo no tienen ningún resultado, ya que en cuestión de semanas es repuesto el que fue confiscado, y por otra parte hay temor de las autoridades de enfrentar a los grupos que protegen a esas personas, que organizan toma de calles en las ciudades donde tienen lugar los operativos, lo que altera la vida de los ciudadanos, por lo que todo termina en un intento más de combatir la ilegalidad.
Con la campaña que está en marcha ya no tienen de qué preocuparse, al menos los que residen en Aguascalientes, porque bastará con el pago del registro y obtener el holograma para que automáticamente dejen de ser “chocolates”, aunque habría que esperar la reacción de la Secretaría de Hacienda una vez que tome conocimiento de lo que se fragua en este lugar.

LE HACEN EL TRABAJO

La concesionaria de aguas ha navegado con bandera de víctima, al considerar que recibe toda clase de quejas y embates de los usuarios y presiones del Ayuntamiento, pese al esfuerzo que hace para mejorar el servicio.
Sobre el particular el Gobierno local tiene una actitud dual, al mantener la amenaza que no renovará el acuerdo con Veolia, con todo lo que esto significa financieramente para la empresa, pero por otra parte a través de la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) hace fuertes inversiones en programas de ampliación y mantenimiento de las redes.
Al mismo tiempo, el organismo se encarga de vigilar que constructores de los nuevos fraccionamientos cumplan con los requerimientos legales y una vez que se ha comprobado que todo está en regla, se le pide a la firma francomexicana que se haga cargo de cobrar el servicio.
El director de CCAPAMA, Refugio Muñoz de Luna, deploró que existan desarrolladores inmobiliarios que en cuanto terminan de construirlos desaparecen, con lo que dejan en una situación irregular a miles de familias para el suministro de agua y de todos los servicios públicos. El caso más reciente fue el de Casas Geo, que se declaró en quiebra, por lo que la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable “tuvo que intervenir, porque la ciudadanía no tiene porqué sufrir sobre el mal comportamiento del desarrollador de vivienda que simplemente huyó de sus obligaciones”, para ello hace válida la garantía que dejó.
La cuestión gira en torno de la razón que hay para que una dependencia pública le haga el trabajo a una privada y además que se responsabilice de llevar a cabo la infraestructura en los lugares donde no lo hizo el fraccionador, aún cuando sea con la garantía, cuando el obligado de hacerlo es Veolia, que debería de ser la más interesada en agrandar el número de usuarios.
Desde sus orígenes, como SAASA y luego CAASA, Veolia ha sido generosamente recompensada por la administración pública, al destinar millonarios recursos para la creación, ensanchamiento y conservación de la red de agua y alcantarillado, por lo que como se ha mencionado en otras ocasiones, es la única compañía que está en una situación inmejorable, porque además de tener más de 281 mil usuarios cautivos, de los que recibe un pago mensual por el servicio, sólo tiene que preocuparse por prolongar la concesión.

PICARDÍA SIN FIN

Las referencias de lo vivido en un año y otro siempre son aleccionadoras, al revelar lo que se hizo bien o mal y qué debe cambiar, pero tal parece que en Aguascalientes no se toman en cuenta los aspectos negativos, ya que luego se repiten y hasta se magnifican.
En estos primeros seis meses han tenido lugar toda clase de hechos delictivos, tanto del fuero común como federal, por lo que es factible que se supere lo registrado el año anterior, incluido el número de suicidios, que es una asignatura pendiente que no se ha podido solucionar.
De acuerdo al informe que presentó en marzo pasado la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, en 2018 se registraron 50 mil 044 expedientes, de los cuales se resolvieron 34 mil 515 y los delitos de mayor incidencia en el Sistema Penal Acusatorio fueron contra la salud, robo, lesiones y daño en las cosas y los de mayor impacto social correspondieron a los homicidios dolosos y culposos, violación, secuestro y feminicidio.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, indica que desde finales de 2016 se tiene un alza en el número de homicidios en relación con años anteriores. La actual administración recibió el estado con 42 homicidios, muy similar al año previo cuando se registraron 41, pero en 2017 se llegó a 83, esto es, 97.2% superior a lo alcanzado en los dos años precedentes. En 2018 se contabilizaron 77 crímenes, 83.3% arriba a lo registrado en 2016 y en el primer trimestre de 2019 fueron 18 asesinatos.
En materia de feminicidios hay un incremento, al pasar la tasa de 0.7 y 0.9 casos por cada 100 mil mujeres en 2015 y 2016 respectivamente, a 1.2 y 1.4 casos por cada 100 mil mujeres.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que el delito de fraude se ha incrementado, por lo que de enero a mayo del presente año se presentaron 688 denuncias, lo que significa un promedio de 4.5 diarias, incluidos los fines de semana.
Sobresalen los fraudes bancarios, cibernéticos, comerciales y de servicios. En los primeros cinco meses ha sido superior la cantidad a la presentada en el mismo período de 2018, cuando hubo 118 mensuales, contra 137 en el presente año, estableciéndose que el delito por vía cibernética ha sido superior a los demás debido al aumento de transacciones que el comercio realiza vía Internet, además del que se comete con las tarjetas bancarias.