Salvador Rodríguez López

El reclamo cardinal que se registró en la escuela Francisco Rivero y Gutiérrez fue porque varios grupos no tenían mentor debito a la separación que se hizo de quienes estaban al frente y de lo cual responsabilizaban a la directora, por lo que exigían su cese, lo que en principio fue rechazado por el director del IEA Ulises Reyes Esparza al citar que “los padres no seleccionan a los maestros, lo que les debe interesar es que sus hijos no pierdan clases”, lo que lógicamente es una obviedad, pero los paterfamilias sí pueden exigir una investigación e incluso la remoción si consideran que desde su punto de vista hay faltas graves que no se pueden pasar por alto.

Ante la firmeza de los denunciantes el citado funcionario admitió que en contra la directora está abierta una investigación la cual no ha concluido, “porque hasta el momento los maestros no han presentado una prueba que pudiera constituir una falta administrativa o un tema de delito”, no obstante si encuentran que es responsable de lo que se le imputa podría recibir como sanción que iría desde una llamada de atención .hasta el cese.

Por lo vivido en una de las instituciones emblemáticas del estado, la dirección del IEA debe hilar muy en fino para evitar que las pasiones se desborden en las escuelas donde hay conflictos entre profesores o con los padres de familia. Se está en plena recta final del sexenio por lo que es necesario que se atienda con rapidez los problemas que surjan, sólo así podrá llegar a la otra orilla en mejores términos.

El problema que se registró en la céntrica primaria es reflejo que pasan los años y no se logra solucionar de inmediato las denuncias que hay por falta de maestro en grupo. Aunque el IEA tiene una dirección de planeación, que entre sus obligaciones está disponer que ningún grupo carezca de profesor, deja correr semanas para hacer la designación del suplente cuando esto debería de ser algo elemental desde un principio, ya que si un docente pasa a etapa pre-jubilatoria, se encuentra enfermo, incapacitado, solicitó permiso o falleció, casi en automático debería designarse al sustituto.

El argumento de las autoridades educativas es que se debe hacer una serie de trámites y estos tardan, sin embargo el asunto explota cuando los paterfamilias hacen público que sus hijos no reciben clases, si acaso un maestro de otro grupo va y les deja una tarea pero eso no ayuda a su aprendizaje. Luego viene la toma de las instalaciones y es entonces cuando acuden tres, cuatro o más funcionarios del IEA para escuchar el reclamo, que saben de antemano de qué se trata pero buscan hacer tiempo para, con promesas, tratar que se diluya la irritación de madres y padres.

Fue lo que debió hacerse desde un inicio, designar a los profesores suplentes que se encargan de atender los grupos y que a decir de Reyes Esparza los nombrados seguirán hasta la conclusión del presente año lectivo.

Lo único que no concuerda es que el IEA sólo separó de su trabajo a tres profesores y mantenga en su puesto a la directora, supuestamente “para contar con elementos para llevar a cabo una investigación por presunto bullying”, lo que ojalá el resultado sea ajustado a derecho.

DESDÉN PANISTA

Apegado al librito que por cierto no existe, el Partido Acción Nacional (PAN) asegura que las denuncias de los morenistas por presuntas violaciones durante la pasada elección de gobernador son sólo “patadas de ahogado”, por lo que no hay de qué preocuparse.

No obstante, el chicahual falsati, en su papel de presidente del comité estatal, sabe que no está dicha la última palabra, puesto que toda la elección está impugnada y en primera instancia el Tribunal Electoral Estatal (TEE) definirá si procede la demanda o da por cerrado el expediente, sin embargo en caso de que rechacen los argumentos de los denunciantes éstos podrán recurrir a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que será el que tenga la respuesta definitiva.

El panismo sostiene que no rebasaron el tope de gastos durante la campaña que encabezó Teresa Jiménez, además, al hacer sumas y restas concluyeron que la demanda podría ser siempre que hubiera habido una diferencia de votos con un mínimo de 5 puntos, lo que éste no es una causal ya que la diferencia fue de 20 puntos, cuestión que los reclamantes no pusieron sobre la mesa sino que hubo un dispendio de recursos y otros pecadillos.

Así mismo, el Movimiento de Regeneración Nacional sostiene que hubo “violaciones generalizadas”, rebases de tope de campaña, ilegítima intervención de universidades, uso de propaganda negativa, uso de símbolos religiosos y la improcedente intervención del Tribunal Electoral del Estado.

También, dentro de las objeciones que mostraron en contra de Acción Nacional están los cómputos distritales y del cómputo distrital final, lo mismo en contra de la entrega de la constancia como gobernadora electa que recibió Jiménez Esquivel, lo que ha sido respondido en  tiempo y forma por el equipo jurídico de Acción Nacional y de sus asistentes del PRD y PRI, no encontrando elementos que ponga en tela de juicio el triunfo.

Pese a la muestra de triunfalismo, el chicahual deberá responder a cada una de las denuncias y sólo los tribunales podrán señalar si se cometieron los hechos o relevar de culpa al organismo, por lo que no está dicha la última palabra, tan es así que el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, aceptó que el cómputo total está impugnado y será el Tribunal local electoral quien responda en primera instancia y en caso de que sea contrario a su causa, los morenistas podrán recurrir al tribunal federal (TEPFF), cuya decisión será la última y por lo mismo inapelable.

De llegarse a anular la elección sería la primera vez que ocurriera en la época contemporánea, porque en el Siglo XIX, en los primeros años del presente y durante la época revolucionaria quitar al gobernador fue una práctica común, como parte de las luchas intestinas que tenían lugar, lo que cambió a partir de que se tranquilizó el país y vino una era de respeto a la norma constitucional, lo que permitió que los mandatarios pudieran cumplir el periodo para el que fueron electos y sólo uno no lo hizo porque se aburrió de gobernar.

DERRAMA ECONÓMICA

El comercio en general recibirá una inyección monetaria en la primera quincena de julio, al anunciarse que del día 5 en adelante se pagará las pensiones a las personas mayores inscritas en el programa de 65 años y más, lo que representa alrededor de 308 millones de pesos. Por regla general este recurso que entrega la Secretaría de Bienestar va a dar a los negocios, desde la tienda de la esquina hasta los lugares que tienen ventas de diversos artículos, que representa una captación que aún cuando se ha vuelto regular cada mes, en esta ocasión tardó cuatro meses en llegar debido a la veda impuesta por las elecciones locales. Difícilmente se puede precisar cuáles negocios son más favorecidos, toda vez que los beneficiarios utilizan su dinero para comprar víveres, ropa, calzado y pago de algunos compromisos, pero al haber circulante fresco contribuye al afianzamiento de cada lugar y que se fortalezcan los empleos, con lo que se cumple un propósito toral que es mejorar el nivel de vida de un número importante de habitantes. Por otra parte, la delegación de Bienestar informó que del pasado 20 de junio y hasta el 3 julio se lleva a cabo la inscripción de las personas que recientemente celebraron 65 años, esperándose que entre 5,000 a 8,000 cumplan los requisitos, para ello se tienen instalados 12 lugares, uno por cada municipio fuera de la capital y dos en el de Aguascalientes. Así mismo se lleva a cabo la inscripción de 2,800 indígenas que radican en la entidad, la mayoría en el municipio de Aguascalientes y otros en Calvillo y Rincón de Romos, que en su mayoría son originarios de Jalisco, Zacatecas y otros estados y al ya radicar aquí adquieren los derechos inherentes al resto de la población.

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