Ángel Charles
Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Dieciocho meses después de haber asumido el cargo, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, adquirió un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas en San Pedro denominada Mesa de la Corona, cuyo valor comercial es de más de 700 millones de pesos.
El terreno, donde el Gobernador pretende construir una residencia de casi 2 mil 800 metros cuadrados, está a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, empresa encabezada por el Mandatario emecista y su padre, Samuel García Mascorro, al menos desde abril del año pasado.
Documentación en poder de Grupo REFORMA muestra que el 18 de abril del 2023 la empresa del Gobernador pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) ante el municipio de San Pedro por un monto de 9 millones de pesos.
De acuerdo con la ley, este impuesto se paga al realizar la compra de una propiedad y equivale al 3 por ciento del valor catastral del inmueble adquirido, por lo que el terreno de García tiene un valor catastral de al menos 300 millones de pesos.
Sin embargo, especialistas en bienes raíces consultados señalaron que un inmueble de esa dimensión en esa zona élite sampetrina tendría un costo comercial superior a los 700 millones de pesos, es decir, más del doble de lo que le habría costado al Gobernador.
Apenas el pasado 4 de marzo, García Mascorro, padre del Mandatario, como representante legal de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente del Estado una solicitud en materia de impacto ambiental para poder iniciar con la construcción de la mansión.
«Se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto… que consiste en la preparación del sitio, construcción de una casa habitación y una vialidad de acceso», se detalla en la autorización dada por Eduardo Villanueva Garza, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión Integral del Aire, Agua y Biodiversidad de la Secretaría, que forma parte del Gobierno encabezado por el emecista.
En la solicitud avalada, de la que este medio tiene copia, se detalla el proyecto que García pretende realizar, que abarca una megacasa de 2 mil 774.78 metros cuadros y la construcción de una vialidad de 10 mil 317 metros cuadrados.
La superficie total a impactar asciende a 13 mil 091.78 metros cuadrados, según el documento oficial.
La autorización para el impacto ambiental en el inmueble le fue dada por el Estado al Gobernador en «fast-track», en un plazo de 15 días naturales, cuando este trámite puede tardar hasta 90 días naturales, de acuerdo con la ley.
La vigencia del permiso ambiental estatal es de 20 meses, se precisa en el documento de autorización, y puede ser prorrogado por otros 20 meses más.
Incluso, se advierte que el proyecto habitacional está ubicado en zonas con presencia de riesgo geológico medio-alto, donde predomina vegetación de matorral submontano y el Gobernador deberá pagar una compensación por el impacto ambiental, monto que viene tachado en el permiso.
Fuentes enteradas del proceso confirmaron que la empresa de García y su padre ya presentó la solicitud ante el municipio de San Pedro para el permiso de construcción de la residencia en el terreno adquirido, pero -hasta donde se sabe- no se le ha otorgado.
En la declaración patrimonial del año pasado, la más reciente publicada, el Gobernador no reportó esta propiedad.
Ésta no es la primera transacción cuestionada de empresas del Gobernador y su padre en la Administración que inició en octubre del 2001.
El 13 de marzo, Grupo REFORMA reveló que uno de los proveedores más beneficiados con contratos por parte del Gobierno emecista ha triangulado, por medio de una compañía «hermana», al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico del Mandatario estatal y su padre.
Incluso, este 14 de mayo, representantes del PRI, PAN y PRD denunciaron que las empresas de García y su familia han crecido un 800 por ciento en su Gobierno del Estado y que el 60 por ciento de estos recursos es de proveedores, por lo que advirtieron que la bonanza financiera se debe a tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado.