Empresarios de la Línea Express de Aguascalientes presentaron una denuncia de hechos ante el Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) en contra de funcionarios estatales y de particulares por su presunta colusión para despojar de su negocio y patrimonio a los empresarios del transporte urbano.

La denuncia fue presentada el pasado miércoles 12 de enero ante el OSFAGS por el presidente de Línea Express, Jaime Carranza Ochoa, y su asesor jurídico, Carlos Alberto Guevara.

Carlos Alberto Guevara, empresario de Línea Express y asesor jurídico del la misma, indicó que el Gobierno del Estado y el coordinador general de Movilidad “están utilizando el poder público que les otorgan sus puestos, como herramienta de presión, para lograr su ilegal objetivo de beneficiar mediante actos simulados a una sola empresa privada de todos los beneficios obtenidos durante el proceso de migración por empresas constituidas por concesionarios quienes han reunido los requisitos para participar en dicho proceso de migración para el SITMA y la obtención de la correspondiente concesión”.

En la denuncia, destacan los quejosos una serie de arbitrariedades en el proceso de otorgamiento de la nueva Concesión de Sistema Integral de Transporte Público Multimodal en Aguascalientes (SITMA), los empresarios aseguran que la inhabilitación de 86 de sus unidades se hizo “con el único fin de beneficiar indebidamente a una empresa que no cumple con los requerimientos legales para estar en el servicio por sí sola”.

De agosto de 2021 cuando se comenzaron a quitar de circulación las unidades, a la fecha, los concesionarios estiman pérdidas por 200 mil pesos diarios, lo que ha ocasionado cerca de 118 despidos, pues de tener 129 empleados, ahora sólo cuentan con 11.

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